Carvajal ve el decreto como avance, pero exige investigación de bienes y permisos
Santo Domingo, 3 de septiembre de 2026. La respuesta de los ambientalistas al decreto del presidente Luis Abinader, que tipifica como terroristas medioambientales a quienes dañan parques nacionales, marca una tendencia regional: el medioambiente como asunto de seguridad nacional, pero con advertencias sobre el debido proceso.
El decreto del presidente Luis Abinader, que declara como terroristas medioambientales a quienes afectan parques nacionales, ha generado reacciones en la comunidad ambientalista. Luis Carvajal, presidente del Observatorio de Políticas Ambientales y coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD, dijo que su aplicación es “un verdadero desafío para el Gobierno” y que la medida debe convertirse en una política de Estado.
Carvajal destacó que la novedad del decreto radica en tratar el daño ambiental como un asunto de seguridad nacional y en crear mecanismos de coordinación institucional. Sin embargo, advirtió que la expresión “terrorismo medioambiental” debe aplicarse respetando el debido proceso y las competencias del Ministerio Público y los tribunales.
El ambientalista, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, señaló que el decreto necesita un plan operativo con responsables, plazos, presupuesto e indicadores. Pidió que se investigue la propiedad, el dinero, las órdenes y los permisos para identificar a los verdaderos beneficiarios de la destrucción en lugares como Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Isla Catalina y el Cinturón Verde de Santo Domingo.
En un contexto internacional donde la protección ambiental gana relevancia, Carvajal insistió en que “nadie debe ser declarado culpable sin pruebas y sin juicio, pero tampoco nadie debe quedar fuera de una investigación por su fortuna, rango, influencia política, militar o económica”. La eficacia del decreto, dijo, se medirá por resultados: investigaciones rigurosas, restauración de ecosistemas y consecuencias para los responsables.
Con la mirada puesta en la diáspora y la comunidad internacional, Carvajal subrayó que la medida es un instrumento importante para proteger el patrimonio natural del país, siempre que se traduzca en acciones concretas y veeduría científica y ciudadana independiente. La tendencia global apunta a que los delitos ambientales sean tratados con mayor severidad, y República Dominicana busca alinearse.
