IDDP pide alto al fuego y Finjus advierte que la lucha contra el crimen no justifica violar la Constitución
El Gobierno dominicano endurece su discurso contra la delincuencia y defiende a la Policía Nacional, pero enfrenta cuestionamientos por las muertes en intervenciones. Organizaciones de derechos humanos y expertos piden investigaciones independientes y respeto a la Constitución.
La Policía Nacional tiene menos agentes que personas requeridas por la justicia: 43,464 miembros frente a 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas, lo que equivale a 1.24 órdenes por cada agente. La base de datos fue presentada un día después de que una investigación de revelara que solo tres de al menos 182 personas fallecidas en intervenciones policiales este año aparecían en la lista pública de prófugos.
El análisis partió de 354 registros publicados por la Policía entre 2022 y 2026, contrastados con Patrulla Letal, una base de datos de sobre muertes a manos de fuerzas de seguridad. La Policía sostiene que su plataforma pública contiene solo una fracción de los requeridos. Alejandro Aracena, del área de Prófugos, explicó que cerca del 1 % de los casos llega a esa plataforma bajo la categoría de ‘los más buscados’. Del total de órdenes, 22,832 corresponden a siete categorías: Robo (11,587), Heridas y agresiones físicas (6,066), Homicidio (2,681), Drogas (1,385), Secuestro (647), Porte ilegal de armas (399) y Trata de personas (67), que representan el 42.4 %.
El presidente Luis Abinader reiteró a los requeridos que se entreguen y anunció que el Gobierno continuará reforzando la seguridad con más agentes, tecnología, equipos y ampliación del patrullaje por cuadrantes. ‘Lo que nosotros les repetimos es que se entreguen, porque hay equipos buscando’, manifestó durante la inauguración de la escuela primaria Ana Josefa Puello, en Santo Domingo Este. La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que las autoridades deben garantizar la seguridad y preservar la paz social, y que quienes delinquen ‘tienen que atenerse a las consecuencias’.
En contraste, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) pidió a Abinader un ‘alto al fuego’ ante las muertes en operativos. Cándido Simón, representante del organismo, sostuvo que la Policía puede identificar y detener, pero no matar, y pidió investigaciones independientes sobre los casos reportados como intercambios de disparos. El abogado Manuel Sierra recordó que la Constitución prohíbe la pena de muerte. El IDDP insistió en que su reclamo busca proteger la vida y no justificar la delincuencia.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la lucha contra el crimen no justifica las ejecuciones extrajudiciales y llamó a garantizar que el uso de la fuerza policial respete la Constitución y las leyes. Recordó que el artículo 37 protege el derecho a la vida y sostuvo que los agentes deben distinguir entre una amenaza real e inminente y situaciones en las que no se justifica emplear fuerza letal. Castaños Guzmán reconoció que los policías necesitan respaldo legal e institucional, pero acompañado de controles.
