Propuesta presupuestaria de RD$2,037 billones apuesta al crecimiento pese a aranceles y tasas
El Gobierno dominicano proyecta para 2027 un Presupuesto General del Estado de 2,037 billones de pesos, equivalente al 21.2% del PIB, un incremento de 196,000 millones (10.7%) respecto a 2026. La propuesta, conocida este jueves por el Consejo de Ministros encabezado por Luis Abinader, se articula con Meta RD 2036 y las diez metas priorizadas por el mandatario.
El monto aprobado para 2026 fue de 1,841 billones de pesos. Con 2,037 billones para 2027, el proyecto eleva en casi una décima parte los recursos del Estado. La propuesta fue dada a conocer este jueves por el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader, y está alineada con los objetivos estratégicos de Meta RD 2036 y las diez metas priorizadas por Abinader, anunciadas en noviembre de 2024.
Marín Díaz afirmó que la economía dominicana ha continuado avanzando pese al escenario internacional, marcado por las altas tasas de interés en Estados Unidos, los cambios en la política arancelaria y la situación del mercado petrolero. Recordó que la economía mantiene un crecimiento de entre 4% y 5%, mientras la inflación se redujo considerablemente en agosto y se acerca al rango de 5% establecido por el Banco Central.
Díaz también destacó que las reservas internacionales superan los 15,000 millones de pesos y que los principales indicadores externos mantienen un comportamiento favorable. Según explicó, las remesas continúan creciendo, la llegada de turistas aumenta cerca de 10% y las exportaciones también registran crecimiento, pese a los cambios en la política comercial internacional.
Sobre las cuentas públicas, el funcionario dijo que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un déficit fiscal que calificó de razonable. La propuesta todavía debe completar el proceso legislativo para convertirse en la Ley de Presupuesto General del Estado de 2027. La Ley 423-06 o Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público establece que el proyecto debe ser remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a más tardar el 1 de octubre de cada año. A partir de su entrega comienza la etapa de discusión en ambas cámaras, que deben analizar la propuesta y someterla a aprobación antes del 31 de diciembre.
