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Gobierno y oposición chocan por aumento del marbete sin respaldo legal explícito

Gobierno y oposición chocan por aumento del marbete sin respaldo legal explícitoGobierno y oposición chocan por aumento del marbete sin respaldo legal explícito

Senado alega que Ley 30-26 contempla alza, pero sus 62 artículos no modifican tarifas

El incremento de 500 a 1,000 pesos en el marbete vesicular desató un debate nacional entre el oficialismo y la oposición, luego de que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmara que la medida está en la Ley 30-26, aunque ninguno de sus 62 artículos modifica las tarifas del impuesto de circulación vesicular.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) oficializó el alza: los vehículos fabricados hasta 2021 pagarán 2,000 pesos y los de 2022 en adelante, 4,000 pesos. Antes, las tarifas eran de 1,500 pesos para modelos hasta 2020 y 3,000 pesos desde 2021. El proceso de renovación inició este jueves 29 de octubre y culminará el 31 de enero de 2027.

De los Santos defendió la medida al señalar que «nosotros acabamos de aprobar hace unos meses el proyecto de anticrisis y eso lo establece ese proyecto». Cuestionó que la oposición rechace una medida que, según dijo, fue discutida y aprobada por el Congreso. No obstante, la Ley 30-26 solo menciona la normativa del marbete en sus considerandos, sin disponer expresamente un incremento de las tarifas.

La DGII justificó la actualización como parte de las acciones para fortalecer los ingresos públicos, en consonancia con los objetivos de la legislación. El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, calificó el incremento como parte de una reforma fiscal aplicada de manera gradual mediante aumentos de impuestos, tarifas y servicios. La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo cuestionó que el Gobierno utilice la inflación para actualizar el impuesto.

Este es el primer incremento de las tarifas nominales del marbete en varios años. La DGII había mantenido los valores de 1,500 y 3,000 pesos, aunque actualizaba anualmente el año de fabricación utilizado para determinar la categoría de pago. El debate refleja la tensión entre el oficialismo y la oposición sobre la política fiscal y la transparencia en la aplicación de las leyes.


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