Decisión judicial reaviva el debate sobre inmigración laboral y el futuro del talento extranjero en EE.UU.
Un juez federal de California dejó sin efecto el cobro de 100.000 dólares para nuevas peticiones de visa H-1B, una medida impulsada por el gobierno de Donald Trump en septiembre de 2025. La decisión, que ordena revisar el proceso administrativo, se suma a otros fallos que cuestionan la legalidad de la política migratoria.
El juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, concedió parcialmente una solicitud de medidas cautelares presentada por varias empresas y organizaciones que impugnaron el cobro. La resolución anula y devuelve a las agencias las políticas mediante las que el Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades implementaron el pago, y prohíbe aplicarlas mientras no se complete un proceso de notificación y comentarios públicos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
El magistrado determinó que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que las agencias actuaron de manera «arbitraria y caprichosa» al no evaluar alternativas ni los intereses de las entidades afectadas antes de imponer el requisito. Asimismo, concluyó que el Gobierno incumplió la obligación de someter estas políticas a participación pública, ya que sin esas normas el cobro de 100.000 dólares no podía aplicarse.
La proclamación de Trump, firmada el 19 de septiembre de 2025, estableció el pago adicional de 100.000 dólares para las nuevas peticiones H-1B y fue extendida por el mandatario el pasado 18 de septiembre hasta septiembre de 2027. El Gobierno justificó la medida como una respuesta al supuesto «abuso sistémico» del programa de visas para trabajadores extranjeros especializados.
El caso evidencia decisiones judiciales contrapuestas: mientras un tribunal federal de Washington confirmó en 2025 la autoridad del presidente para imponer el cobro, tribunales federales de Massachusetts y ahora California han dejado sin efecto las políticas utilizadas para aplicarlo. La disputa legal continúa en un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.
