Operativo en la sede de Ferraz por orden de la Audiencia Nacional
Efectivos de la Guardia Civil española ejecutaron este miércoles un registro en la sede nacional del oficialista Partido Socialista Obrero Español, ubicada en la céntrica calle Ferraz de Madrid, como parte de una investigación judicial en curso sobre presuntas anomalías financieras vinculadas a una antigua integrante de la formación política. La diligencia fue autorizada por el magistrado Santiago Pedraz, titular de la Audiencia Nacional, órgano con competencia en delitos de especial trascendencia.
El procedimiento se centra en las actuaciones de Leire Díaz, exmiembro del partido gobernante, quien habría intentado ejercer influencia indebida sobre procesos policiales y causas judiciales que podrían perjudicar la imagen de la organización política que lidera el presidente del Ejecutivo.
Reacción de Sánchez desde la capital italiana
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el allanamiento durante una comparecencia ante medios de comunicación en Roma, donde se encuentra de visita oficial. El mandatario socialista apeló al respeto debido hacia las actuaciones de la justicia y ofreció la colaboración plena de su partido en el esclarecimiento de los hechos investigados. Sánchez también adelantó que, de confirmarse conductas irregulares, la formación aplicará medidas disciplinarias con idéntica firmeza a la empleada en ocasiones precedentes.
El inquilino del Palacio de la Moncloa desde 2018 descartó categóricamente la posibilidad de un adelanto de los comicios generales, que conforme al calendario constitucional deberán celebrarse como fecha límite durante el próximo año.
Los antecedentes del caso que sacude a los socialistas
La investigación que motivó el operativo policial se remonta al año 2025, cuando diversos medios de comunicación difundieron grabaciones de audio en las que Díaz aparecía presuntamente implicada en maniobras para desacreditar a un integrante de la unidad anticorrupción del instituto armado. Posteriores reportajes periodísticos la vincularon además con aparentes intentos de condicionar la labor de fiscales del Ministerio Público.
La Guardia Civil precisó que el registro se ciñe estrictamente a los hechos investigados por el juez Pedraz, en una causa que representa un nuevo revés para una administración que ha debido enfrentar una serie de escándalos relacionados con la corrupción en los últimos tiempos.
