Más de 30 grupos denuncian práctica migratoria de EE.UU. que viola el derecho internacional
Una coalición de más de 30 organizaciones de derechos humanos pidió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas que intervenga contra la nueva práctica del gobierno de Estados Unidos de ocultar el paradero de miles de detenidos con órdenes finales de expulsión. La medida, implementada por ICE el 15 de septiembre, afecta a más de 16,000 personas y ha generado rechazo nacional e internacional.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) eliminó de su Sistema en Línea de Localización de Detenidos los nombres de personas con órdenes finales de expulsión, en un aparente intento de acelerar las deportaciones. El cambio, no anunciado ni explicado por la agencia, se aplica a más de 16,000 de los casi 69,000 detenidos bajo su custodia, según abogados de inmigración.
La práctica ha obstaculizado el acceso a abogados y ha devastado a familias que perdieron el rastro de sus seres queridos. Este miércoles, una coalición de más de 30 grupos presentó una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que declare que la política viola el derecho internacional y impulse su terminación. “Un sistema sin transparencia es un sistema sin rendición de cuentas, y eso debería aterrarnos a todos”, declaró Sarah Decker, abogada del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy.
En el frente político, más de 45 demócratas de la Cámara de Representantes, liderados por Luz Rivas y Veronica Escobar, instaron al ICE a restaurar los nombres en el localizador, calificando la práctica de “contraria a los principios fundamentales del sistema legal estadounidense”. La agencia matriz del ICE negó que sus prácticas equivalgan a desapariciones forzadas y aseguró que los detenidos “tienen oportunidades de comunicarse con sus familiares y abogados”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió que “el proceso adecuado para un extranjero ilegal con órdenes finales de deportación es la expulsión, simple y llanamente”.
Cerca de 1.4 millones de personas en Estados Unidos están sujetas a órdenes finales de expulsión, lo que significa que un juez de inmigración determinó que deben ser deportadas y la decisión fue confirmada en apelación o no fue apelada. Aun así, los detenidos tienen opciones legales para impugnar su detención y deportación, y jueces federales han dictaminado miles de veces que deben ser liberados o se les concedan audiencias de fianza. La petición ante la ONU subraya que la nueva política viola el derecho internacional.
