Estudio inédito con 8 millones de registros desafía las teorías tradicionales sobre el voto
Un estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) revela que la abstención en República Dominicana se concentra en las zonas urbanas más prósperas, un hallazgo que ningún medio ha reportado hasta ahora.
La investigación, basada en modelos de regresión logística sobre más de 8 millones de registros del padrón electoral, desmiente que el ausentismo sea un problema de pobreza o exclusión. Tampoco la edad ni el género explican la caída de 15 puntos porcentuales en la participación de la última década, ya que la reducción del voto fue homogénea en todos los grupos generacionales. La Generación Z vota en porcentajes casi idénticos a los baby boomers.
El patrón es geográfico: las demarcaciones con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) y dinamismo económico, como la Región Ozama —incluyendo el Distrito Nacional— y la provincia de Santiago, registran la mayor inasistencia, superando en ocasiones el 60 %. En las diez demarcaciones con más electores inscritos, la abstención alcanzó 60.8 %, un dato inédito. En contraste, provincias rurales y fronterizas como Enriquillo y El Valle muestran ‘resiliencia participativa’, con coeficientes de regresión de 2,3 y 2,0, frente al 0,8 de la Región Ozama.
El estudio invierte el supuesto de que más población y acceso a información generan mayor activismo cívico. En los grandes centros urbanos se ha debilitado el vínculo simbólico con el ritual electoral, fenómeno asociado a la complejidad y el ‘ruido’ de la vida metropolitana. En zonas rurales, las redes comunitarias y el clientelismo político, con sus implicaciones cuestionables, sostienen una participación más alta.
El informe añade una segunda capa: la brecha entre elecciones presidenciales y municipales. La participación municipal es diez puntos porcentuales inferior a la presidencial, lo que los autores llaman ‘asimetría democrática’. El ciudadano, especialmente el urbano, evalúa pragmáticamente la utilidad de su voto según la relevancia del cargo. Según los autores, esta herramienta permitiría a la administración electoral diseñar políticas de inclusión frente a las desigualdades socioespaciales detectadas.
