Fallas en cocinas y sanidad sacan del sistema a empresas de 11 provincias, en un giro hacia la transparencia
El INABIE suspendió los contratos de 14 proveedores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) tras detectar irregularidades técnicas graves, una decisión que refuerza la lucha contra la impunidad en las compras públicas y marca una tendencia de control más estricto a nivel nacional.
La medida, anunciada este miércoles, afecta a empresas de Monte Plata, San Francisco de Macorís, Cotuí, La Altagracia, Bahoruco, Santo Domingo Este, Santiago, Hermanas Mirabal, San Juan, Elías Piña y Duvergé, y responde a denuncias ciudadanas y operativos focalizados, como los realizados en San Pedro de Macorís. Este alcance geográfico demuestra que el problema no es aislado, sino estructural en la gestión de los suplidores del PAE.
Entre los hallazgos más preocupantes están cocinas desmanteladas o no localizadas, establecimientos cerrados, locales en remodelación o mudados sin autorización previa, así como incumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), deficiencias sanitarias y capacidad instalada insuficiente. Estos incumplimientos no solo violan los contratos, sino que ponen en riesgo la salud de miles de estudiantes en todo el país.
El INABIE justificó las suspensiones en el artículo 231 del decreto 416-23, que reglamenta la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Este marco legal permite a la institución actuar de manera preventiva, pero también envía una señal clara a otros proveedores: la supervisión no termina con la adjudicación, sino que se extiende durante toda la ejecución del contrato, en un contexto regional donde la alimentación escolar es un indicador clave de desarrollo.
Expertos en políticas públicas ven esta acción como un paso hacia la consolidación de un sistema de compras más transparente en República Dominicana, alineado con las recomendaciones de organismos internacionales. Para la diáspora y los observadores internacionales, el PAE es un termómetro de la gobernanza, y esta suspensión masiva podría mejorar la percepción del país en índices de control de la corrupción, aunque queda por ver si se traducirá en mejoras concretas en las aulas.
