Panel reúne a juristas y fiscales para analizar contrataciones y responsabilidad penal
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana organizó un encuentro de juristas y fiscales en el que se destacó la necesidad de eficientizar los procesos de contratación pública y fortalecer la cooperación interinstitucional para enfrentar la corrupción administrativa, un desafío de alcance nacional.
En Santo Domingo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reunió a abogados y fiscales en un acto donde se concluyó que para controlar la corrupción en las instituciones del Estado hay que garantizar que los procedimientos de contratación pública se desarrollen conforme a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y eficiencia.
La procuradora adjunta Mirna Ortiz, titular de la Dirección General de la Corrupción Administrativa, dictó la conferencia «Corrupción administrativa y nuevas responsabilidades penales de los funcionarios públicos y la Cooperación e interacción entre la persecución penal y la Cámara de Cuentas». Ortiz afirmó que «la cooperación entre el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas es fundamental para fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa», y subrayó que los informes de auditoría son instrumentos técnicos esenciales para identificar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos y aportar elementos de interés a las investigaciones penales, siempre con respeto al debido proceso y las competencias de cada institución.
El panel «Auditoría pública, responsabilidad de la persona jurídica y el nuevo Código Penal», moderado por el miembro del pleno de la CCRD Francisco Franco Soto, contó con la participación de los juristas Alberto Fiallo, Rosalba Ramos y Luis Fernández, quienes analizaron los alcances del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus implicaciones para los mecanismos de control, supervisión y cumplimiento normativo, así como el valor de las auditorías gubernamentales como instrumentos técnicos para documentar hallazgos y aportar elementos probatorios a las autoridades judiciales.
La programación incluyó un segundo panel, «Sanciones y régimen de consecuencias en el sistema de contrataciones públicas», con los especialistas Raquel Miranda y Rafael Dickson Morales, quienes examinaron las responsabilidades y consecuencias jurídicas de las irregularidades en compras y contrataciones del Estado, y la necesidad de que estos procesos respondan al interés general y se rijan por los principios de legalidad, transparencia, igualdad y eficiencia para prevenir prácticas contrarias a la integridad administrativa.
