Director del INABIE responde a cuestionamientos sobre adjudicaciones de RD$110 millones a empresas nuevas
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) defendió la adjudicación de contratos por unos RD$110 millones a empresas de reciente creación dirigidas por jóvenes de Azua para suplir el almuerzo escolar en San Pedro de Macorís. El director Adolfo Pérez argumentó que el proceso promueve el emprendimiento y que no hay restricción legal por edad.
El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, se refirió al proceso mediante el cual empresas obtuvieron contratos por unos RD$110 millones para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís, luego de los cuestionamientos publicados sobre la participación de compañías de reciente creación dirigidas por jóvenes de Azua. Las empresas tienen pocos meses de constituidas y sus propietarios son jóvenes de entre 19 y 24 años que, según los cuestionamientos, no contarían con historial financiero.
Pérez explicó que el proceso de contratación estaba dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y que, bajo las condiciones establecidas en el pliego, no era necesario contar con experiencia previa para participar. ‘Este es un proceso que promueve a los jóvenes a emprender’, sostuvo el funcionario, quien consideró que impedir la participación de empresas nuevas limitaría las oportunidades para quienes buscan iniciar negocios y contratar con el Estado. Sobre la edad de los propietarios, Pérez afirmó que no existe una restricción legal que impida a una persona joven constituir una empresa o participar en procesos de contratación pública. ‘La Ley de Compras no establece un mínimo de edad, ni tampoco la Constitución de la República, ni ninguna ley adjetiva establece eso’, señaló.
El director del INABIE indicó que, aunque el proceso no exigía experiencia previa, sí contemplaba mecanismos para acreditar la capacidad de los participantes para cumplir con los servicios contratados. Entre estos mencionó una carta de crédito de compromiso, que podía ser bancaria o emitida por suplidores, como respaldo de que las empresas contaban con capacidad para entregar los alimentos requeridos. Pérez también aclaró que los RD$110 millones adjudicados no representan un desembolso inmediato para las empresas. ‘El monto de los contratos simplemente señala hasta dónde puede facturar un proveedor’, explicó.
Según detalló, los pagos se realizarán en función de las raciones que sean efectivamente entregadas, por lo que la adjudicación del contrato no implica que el proveedor reciba de inmediato el monto total contratado. ‘Si esos suplidores no entregan el almuerzo escolar, no van a cobrar ese dinero’, afirmó. Los contratos tienen una duración de dos años, periodo durante el cual los proveedores deberán entregar diariamente el almuerzo escolar en los centros asignados, de acuerdo con las cantidades y condiciones de calidad establecidas. Pérez aseguró que la institución está revisando los cuestionamientos.
