El caso de los hermanos Borges reaviva el debate sobre uso de la fuerza y transparencia policial en República Dominicana
La muerte de los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges, de 16 años, durante un confuso incidente con agentes de la Policía Nacional en el sector Mendoza, Santo Domingo Este, ha generado indignación y reclamos de justicia. El caso pone en el centro del debate la actuación policial y la protección de los derechos de los menores.
Los restos de los adolescentes son velados este jueves en la vivienda familiar de la calle Araujo, bajo amplia vigilancia policial. Según su abuela paterna, Glenny Jiménez, los jóvenes dormían cuando los agentes irrumpieron, rompieron la puerta y lanzaron bombas lacrimógenas alrededor de las 7:00 de la mañana del miércoles 21 de octubre. Jiménez cuestionó la versión oficial de un intercambio de disparos y denunció que presuntamente se colocaron armas en el lugar.
El caso ha escalado a nivel nacional por la contradicción entre la versión familiar y la institucional. El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, afirmó que contra los fallecidos existían cinco órdenes de arresto y múltiples denuncias por asaltos y atracos agravados. Mientras, la madre de los mellizos, Yohanny Borges, los había entregado a las autoridades dos meses antes por rumores en redes sociales, pero fueron liberados al no tener antecedentes ni denuncias confirmadas.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han expresado preocupación por el uso de la fuerza letal contra menores y por la versión de los hechos. La detención del padre de los adolescentes, quien según la abuela fue maltratado, añade tensiones al caso y subraya la necesidad de una investigación independiente.
El hecho ocurre en un contexto regional de debates sobre reforma policial y rendición de cuentas en América Latina. La comunidad internacional y la diáspora dominicana siguen de cerca el desarrollo de este caso, que podría marcar un precedente en la forma en que el país aborda los operativos de seguridad y la protección de los derechos de los adolescentes.
