El hecho en Salcedo evidencia la falta de control en los recursos naturales del país
La instalación irregular de una bomba eléctrica sumergible en el río Partido, en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, ha generado alarma nacional por el riesgo mortal que representa para los bañistas y por la violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente. El caso, denunciado en redes sociales, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la fiscalización ambiental en la República Dominicana.
El río Partido, ubicado en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, se encuentra bajo amenaza tras la instalación irregular de una bomba eléctrica sumergible en sus aguas. La acción, que viola la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue denunciada por Wessly Estévez a través de un video en Instagram, donde mostró el equipo de succión dentro del conocido charco ‘Andrés’. ‘La creatividad del dominicano va más allá de la prudencia, la conciencia y todo lo que podamos decir; miren ahí, eso es una bomba sumergible en el río más azul que tenemos en el país’, expresó Estévez.
El denunciante detalló que se trata de ‘un cable con corriente que va directamente al río, sumergido en el agua, más el cable que conecta directamente a una caja de interruptores eléctricos’, e instó al Ministerio de Medio Ambiente a intervenir de inmediato. La presencia de electricidad en el afluente representa un riesgo latente para la vida humana, especialmente porque los fines de semana el balneario recibe una alta afluencia de bañistas locales y turistas nacionales.
La ciudadana Vanessa Espinal también alzó su voz en redes sociales, cuestionando cómo es posible que en un río tan visitado exista una bomba sumergible conectada a la intemperie. ‘Me gustaría saber cómo es posible que en un río que visita tanta gente exista una bomba sumergible conectada a la intemperie con un cable de electricidad; en ese charco había gente ahora mismo bañándose’, lamentó Espinal, quien grabó las condiciones del lugar. Su reclamo subraya la preocupación por la seguridad colectiva y el patrimonio natural.
Según versiones, tras las publicaciones se procedió con el retiro de los objetos que afectaban al río Partido, pero el Ministerio de Medio Ambiente no se ha pronunciado oficialmente. La Ley 64-00 prohíbe intervenir, obstruir o alterar los cauces naturales de los ríos sin la debida autorización. Este incidente refleja un problema recurrente en el país: la falta de vigilancia y sanción efectiva para quienes atentan contra los recursos hídricos, un tema que trasciende lo local y llama a la reflexión nacional sobre la gestión ambiental.
