Exprocurador enfrenta junto a 14 personas un proceso que podría marcar precedente en casos de corrupción
El juicio de fondo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otras 14 personas avanza con una batería de incidentes presentados por las defensas, que buscan excluir pruebas clave y recuperar bienes incautados. El caso, que involucra a casi treinta imputados con condenas preliminares, se perfila como un referente en la lucha anticorrupción en República Dominicana.
En la audiencia de este lunes, Rodríguez solicitó al Segundo Tribunal Colegiado, presidido por la jueza Yissel Soto Peña e integrado por Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, la exclusión de miles de pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas que calificó de contradictorio y sin ‘finalidad y validez’. La defensa argumenta que las evidencias fueron depositadas fuera de los plazos establecidos por el juez de instrucción y después de la acusación.
El exfuncionario también pidió revocar las órdenes de allanamiento e incautación de cuatro solares o mejoras, entre ellas una vivienda en Casa de Campo con todos sus ajuares, alegando que es un bien familiar de origen lícito y domicilio de sus hijos. Sus abogados, Carlos Balcácer y Nelys Rivas, señalaron que algunos bienes, como apartamentos y un vehículo del 2018, fueron adquiridos hasta diez años antes de que Rodríguez asumiera como procurador, y que los inmuebles están abandonados por los altos costos de mantenimiento.
De los 21 incidentes que el tribunal ha tenido que revisar nuevamente por la incorporación de una nueva jueza, 18 son de la defensa de Rodríguez. Antes del receso de la 1:00 de la tarde de este lunes, solo quedaban dos por presentar. El fondo del caso aún no se ha debatido porque primero deben resolverse estas solicitudes previas, lo que ha extendido el proceso.
Junto a Rodríguez enfrentan el juicio otras 14 personas, en su mayoría colaboradores cercanos durante su gestión del 2016 al 2020. Casi treinta imputados, incluyendo empresas, ya fueron condenados en la fase preliminar tras acuerdos con el Ministerio Público. El desenlace de este juicio es seguido de cerca por la opinión pública y organismos internacionales que monitorean la transparencia en la justicia dominicana.
