Ministerio Público presenta expediente de 156 páginas y 84 testigos contra hermanos Espaillat
El Ministerio Público inició este viernes el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. La acusación, de 156 páginas, sostiene que la negligencia y la sobrecarga de la estructura causaron la tragedia.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, abrió la presentación de la acusación con la frase: “El peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set”. El juicio es conocido por el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien dio apertura al proceso contra los administradores del centro de diversión.
La acusación, de 156 páginas, incluye 84 testigos y reúne a 346 víctimas, querellantes y actores civiles. El Ministerio Público, encabezado además por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, imputa a los hermanos Espaillat homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
Según el expediente, los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que determinaran si la estructura podía soportar ese peso adicional. También se les atribuye haber ignorado advertencias internas sobre el deterioro progresivo del techo y haber priorizado el ahorro de recursos. En el caso de Maribel Espaillat, se establece que se negó a detener una actividad pese a que empleados habían reportado previamente la caída de escombros.
La investigación fue realizada por instrucción de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio a los administradores y dispuso embargos e hipotecas judiciales por 500 millones de pesos sobre bienes vinculados al entorno familiar y empresarial de los acusados, incluyendo a personas sin cargos penales. La defensa está integrada por los juristas Jorge Luis Polanco, Miguel Valerio y Ramón Emili.
