Fallo de la Corte avala medidas cautelares que podrían sentar tendencia en casos de desastres.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó este miércoles el embargo conservatorio, retentivo e hipoteca judicial provisional por RD$500 millones contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set. La decisión marca un hito en la jurisprudencia dominicana al priorizar la reparación de las víctimas por encima de los intereses patrimoniales de los acusados.
El tribunal, presidido por la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz e integrado por Daisy Indhira Montás Pimentel, rechazó el recurso de apelación presentado por los empresarios y sus abogados, entre ellos Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez Núñez. Aunque el magistrado Rafael Báez García participó en la deliberación, no pudo firmar el fallo por encontrarse de vacaciones, un detalle que no afecta la validez de la decisión.
La Corte subrayó que las medidas de coerción real tienen un carácter cautelar, instrumental y provisional, y no constituyen una condena civil anticipada. Su objetivo es preservar bienes suficientes para garantizar una eventual reparación de los daños a las 236 personas fallecidas y más de 80 heridas, un caso que ha conmocionado al país y que sigue generando repercusiones en la diáspora dominicana, especialmente en Nueva York y Madrid, donde residen familiares de las víctimas.
Uno de los argumentos clave de los recurrentes era que la pluralidad de víctimas podría llevar a una afectación patrimonial superior a los RD$500 millones establecidos por el juez Raymundo Mejía. Sin embargo, la Corte determinó que esta circunstancia es propia del proceso y no invalida el mecanismo cautelar. Además, recordó que el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil ofrece herramientas para corregir cualquier exceso durante la ejecución, como la reducción o cancelación del embargo.
Este fallo podría sentar una tendencia en la región: cada vez más tribunales en América Latina están adoptando medidas preventivas para asegurar la reparación de víctimas en desastres masivos, desde derrumbes hasta incendios. En el caso dominicano, la decisión refuerza el principio de que los bienes de los imputados no pueden ser ocultados o transferidos mientras se determina su responsabilidad penal y civil.
El proceso continuará con el juicio de fondo contra los Espaillat, quienes enfrentan cargos por violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal. Mientras tanto, la resolución de la Corte envía un mensaje claro a nivel nacional e internacional: la justicia dominicana no escatimará esfuerzos para que las víctimas de la tragedia de Jet Set reciban la compensación que merecen, un precedente que podría influir en futuros casos de responsabilidad empresarial en el país.
