Creador de contenido de 73 años admite culpa y pide disculpas; Raful destaca ejemplo para frenar impunidad
En un fallo que sienta precedente sobre los límites de la libertad de expresión digital, el creador de contenido Ángel Martínez, «El Detective», fue condenado a un año de prisión suspendida y al pago de 2 millones de pesos por agraviar la honra de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. La decisión de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional resalta la aplicación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El creador de contenido Ángel Martínez, de 73 años, conocido como «El Detective», se declaró culpable ante la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, de haber agraviado la honra y el honor de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. La condena, emitida mediante procedimiento penal abreviado, incluye un año de prisión suspendida bajo condiciones y una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la funcionaria.
Durante la audiencia, Martínez expresó a Raful que no tiene nada personal en su contra, admitió su culpabilidad y pidió disculpas. Al salir del tribunal, declaró que es «humano» y que no es «un robot». El hombre, quien ha sido condenado dos veces en pocos meses por difamación e injuria, defendió su «derecho» a vivir en libertad los años que le quedan, luego de haber «pasado por todas las cárceles».
La condena se fundamenta en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Las reglas impuestas para mantener la suspensión de la pena establecen que, en caso de incumplimiento, se revocará la suspensión condicional y Martínez será reducido a prisión por el año de condena.
La ministra Faride Raful afirmó que la declaratoria de culpabilidad representa un ejemplo para la sociedad dominicana sobre la importancia de hacer valer las leyes frente a la difamación y el agravio moral. Sostuvo que, aunque ninguna sentencia compensa plenamente el perjuicio sufrido, la decisión es un «ejemplo para la sociedad dominicana» necesario para frenar la impunidad en los ataques contra la honra personal e institucional. «El resarcimiento, todavía, del daño no se hace con esto, pero sí se da un ejemplo a la sociedad dominicana de que se deben hacer valer las normas para preservar nuestro nombre y nuestro honor», manifestó.
