Defensa del merenguero denuncia red de extorsión con implicados en Estados Unidos y posibles penas de 35 años
El caso del merenguero Julián Oro Duro trasciende lo artístico y coloca en el centro del debate la difamación extorsiva, un delito que según su defensa podría conllevar hasta 35 años de prisión. La trama involucra a personas en Estados Unidos y plantea desafíos legales internacionales.
La defensa legal del merenguero Julián Oro Duro denunció este miércoles una trama de extorsión que busca dañar su reputación a cambio de dinero. El abogado Cándido Simó afirmó que los responsables están plenamente identificados y que enfrentarían acciones judiciales severas, incluyendo penas de hasta 10 años por difamación extorsiva, según el nuevo Código Penal.
Según el jurista, al menos tres personas han utilizado transmisiones en vivo para asegurar falsamente que el cantante «debe estar preso» e imputarle haber ordenado el asesinato de su esposa, Zeneida Socorro Castillo. Estos ataques, sostuvo, forman parte de una maniobra de chantaje para exigirle dinero y «bajar el tono» de los señalamientos públicos. «No va a dar un peso. Eso se tipifica, conforme al Código Penal, como difamación extorsiva, un delito que conlleva hasta 10 años de prisión, y ya los tenemos identificados», declaró Simó, quien calificó a los involucrados como «sicarios de la reputación ajena».
El abogado reveló que al menos dos de los tres identificados residen en Estados Unidos, por lo que se activarán mecanismos legales en esa jurisdicción. Además, advirtió que las acciones no se limitarán a los creadores de los contenidos falsos, sino que podrían alcanzar a las plataformas digitales que los difundan. Por el cúmulo de penas por extorsión, perjurio y falsa imputación, los condenados podrían recibir hasta 35 años de reclusión mayor.
El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por el uso de redes sociales para difamar y extorsionar a figuras públicas. La agresión física contra Julián Oro Duro, ocurrida el 20 de septiembre en Santo Domingo Este tras el asesinato de su esposa, añade gravedad a una situación que pone a prueba la capacidad del sistema judicial dominicano para perseguir delitos transnacionales y proteger la reputación de las personas.
