Para Juan Pablo Duarte, el municipio constituía la piedra angular de la democracia y el gobierno más directo de los pueblos, por esa razón, en su vanguardista proyecto de Ley Fundamental, el patricio propuso una estructura pública dividida en cuatro poderes independientes, entre los que justo destacar el Municipal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, visión esta que elevaba a las demarcaciones locales al rango de poder del Estado, en busca de romper de manera definitiva con la tradición colonial centralista que asfixia hoy día a todos los municipios del país.
Esta concepción del patriota dotaba al Poder Municipal de una altísima jerarquía política, pensada expresamente para actuar como un contrapeso institucional frente al autoritarismo central porque Duarte entendía que la soberanía nacional reside esencialmente en la comunidad y que los ciudadanos debían fiscalizar directamente sus recursos locales, bajo la premisa de blindar la República contra el despotismo, garantizando que cada territorio fuera el administrador de sus propias riquezas de forma autónoma, con plenas facultades normativas y fiscales.
Hoy día, consecuentemente, la realidad del país representa la antítesis absoluta de este ideal democrático, manifestando un centralismo estructural heredado de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina; y con ello, todos los gobiernos que hemos tenido bajo el fuero de una democracia cuestionada que solo badea en beneficio de los presidentes, ministros y funcionarios.
El Poder Ejecutivo actual secuestra la autonomía económica de los municipios al manejar a su total antojo la caja del presupuesto nacional, acaparamiento que ha relegado a los gobiernos locales a una posición de subordinación y mendicidad política, obligándolos a depender de transferencias discrecionales para realizar obras elementales.
La farsa presupuestaria se ejecuta violando de forma sistemática la legislación nacional vigente, que fue diseñada para corregir esta distorsión estructural, a pesar de que, La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios ordena con absoluta claridad que se debe otorgar a las alcaldías el 10% de los ingresos internos estatales, no obstante, mediante argucias legales anuales en el Congreso, el gobierno central apenas transfiere entre un mezquino 2.5% y 3.5% de esos fondos para los ayuntamientos.
Este estrangulamiento financiero se justifica de manera conveniente desde el poder central bajo el pretexto de una supuesta falta de capacidad institucional municipal donde las autoridades nacionales alegan que los ayuntamientos carecen de las herramientas técnicas y de la transparencia requerida para administrar presupuestos robustos; sin embargo, este argumento se convierte en una excusa perfecta para perpetuar el centralismo y frenar cualquier intento real de descentralización que devuelva el poder a las provincias.
Al mismo tiempo, la ilegalidad presupuestaria no acarrea ninguna consecuencia jurídica o penal para los funcionarios del gobierno central que la ejecutan, en razón de que la Ley de Presupuesto General del Estado, aprobada cada año de forma mecánica, invalida de facto el mandato del 10% establecido por la normativa municipal y al normalizarse este incumplimiento por décadas, sin recibir sanciones, se ha consolidado una cultura de desacato legal que despoja al municipio de su jerarquía.
A este sombrío panorama financiero también debemos sumarle un ingrediente interno letal que termina destruyendo la operatividad de los cabildos dominicanos, mediante el fenómeno de un clientelismo político arraigado en los gobiernos locales, que desvirtúa por completo la función esencial de la municipalidad, razón por la cual, los ayuntamientos han dejado de ser órganos orientados eficientemente a los servicios colectivos para transformarse en agencias de empleos para el activismo partidista.
Es por eso que, los compromisos de campaña empujan cada cuatro años a las autoridades locales a inflar las nóminas de manera desproporcionada, duplicando el personal realmente necesario, a través de la práctica común de crear “nominillas” para pagar salarios a personas que no ejercen ninguna función real, popularmente llamadas botellas, drenando así la riqueza municipal. Esta macrocefalia de personal satura la estructura administrativa local, priorizando el favor político por encima del mérito profesional y técnico.
El abultamiento del gasto de personal representa otra flagrante violación a las disposiciones expresas de la Ley No. 176-07, normativa que fija con total rigidez que los ayuntamientos solo pueden destinar un máximo del 25% de sus ingresos al pago de sus empleados, más aun y por encima de la ley, los alcaldes ceden al chantaje clientelar, razón por la cual este límite porcentual se desborda de forma masiva, devorando los fondos de inversión del territorio.
Las consecuencias de este desborde financiero impactan de manera directa y trágica en la calidad de vida de los ciudadanos del municipio, ya que al consumir el dinero en nóminas estériles, las alcaldías pierden toda capacidad de financiamiento para el 31% del presupuesto destinado a los servicios públicos, contribuyendo de esta manera al colapso total de labores primordiales como la recolección de desechos sólidos, alumbrado municipal y el bacheo de las calles.
Bajo este modelo precarizado, los ayuntamientos prefieren contratar masas de personal no calificado con salarios de miseria antes que modernizar su gestión. La falta de camiones compactadores, de tecnología de rutas y de personal técnico idóneo ha convertido la recogida de basura en una crisis sanitaria perpetua, esto, debido a la ineficiencia operativa que se vuelve la norma y justifica irónicamente el castigo presupuestario que les impone el gobierno central.
De este modo se cierra un círculo vicioso perfecto de hipocresía y abandono que anula los principios fundamentales concebidos por Duarte. El gobierno central les recorta los fondos alegando despilfarro local y las alcaldías justifican su ineficiencia acusando la falta de presupuesto estatal. Mientras los alcaldes y regidores sigan aceptando el secuestro financiero y clientelar de la nación, la autonomía municipal dominicana seguirá siendo una farsa legal que traiciona el proyecto de patria que nos legó Juan Pablo Duarte.
Por MARINO BÁEZ
mbaezjj@gmail.com
El autor es escritor, periodista
y Comisionado Especial para
Estados Unidos del Centro de
Investigación y Promoción
Municipal (CIPROMU)
Reside en Estados Unidos
Agosto 24, 2026
