Recientemente se ha reavivado el debate en torno a la difamación que muchos quieren disfrazar de libertad de expresión.
Claro que, como dice el populacho, en nombre de la libertad siempre se han cometido delitos de lesa humanidad, aunque no seamos tan extremistas en este sentido específico de manifestar una idea o pensamiento sobre un hecho, persona, realidad o cualquier otro aspecto.
En este sentido, hay una línea invisible que puede ser extremadamente peligrosa a la hora de emitir nuestras consideraciones sobre aquello que pensamos.
Claro que todo en la vida tiene límites, porque son necesarios para una buena convivencia, ya que, de no existir reglas y límites, la sociedad que hoy conocemos, en todo el sentido de la palabra, sería más parecida a una tribu de monos o neandertales.
También, como periodistas, debemos admitir que eso de la autocensura sí existe, no solo porque los medios de comunicación pertenecen a empresarios que, a su vez, responden a intereses y, por lo tanto, no podemos afectarlos porque debemos defender nuestro trabajo, sino porque además, desde el punto de vista de quienes tenemos medios propios, es un sine qua non cuidar las formas, ya que necesitamos publicidad para sobrevivir, por lo que debemos mantener y asumir ciertos sesgos obligatorios de por sí.
Comentado todo esto, hay que subrayar, en mayúsculas, en negritas y, si quieren, hasta en cursiva para resaltarlo aún más, que la difamación no puede disfrazarse de libertad, porque ambas están claramente separadas una de la otra, contextualizadas, analizadas, especificadas y con acta de nacimiento, si quieren agregarles.
Tal como su etimología lo explica, cuyo origen proviene del latín diffamatio, se trata de una acción o efecto de expandir rumores con el propósito de afectar la imagen o reputación de algo o alguien.
Desde el primer momento en que alguien, algunos o muchos deciden irse por la línea de utilizar ese rumor, sobre todo siendo conscientes de que aquello que están usando tiene como único interés hacer daño o lograr algún beneficio económico, como ha existido y aún existe.
Una vez más, y por lo visto, uno de los grandes males de esta sociedad moderna es la visibilidad que podemos tener gracias a la tecnología.
Hoy en día, cualquier persona puede alcanzar la fama con solo tener un celular, utilizar una de las redes sociales existentes, subir contenido y alcanzar engagement inmediatamente.
Mientras más mentiras, cizañas, descréditos, insultos y ofensas haga un individuo hacia otro, más posibilidades tendrá de alcanzar el éxito.
Ejemplos recientes hemos visto presentarse en los tribunales, donde los jueces están agilizando los casos que surgen a raíz de demandas por difamación, cuando ciudadanos que se sienten afectados por una campaña o por juicios de valor de otro coterráneo deciden poner un coto al hecho para dignificar su nombre y evitar la proliferación de este tipo de actos lacerantes.
No confundan que estos casos que se ven en la actualidad significan un atentado contra la libertad de expresión, porque esa interpretación está muy alejada de la realidad.
Ese derecho está garantizado, a pesar de los esfuerzos que desde hace algún tiempo realizan algunos políticos que entienden que hay que constreñir lo que se dice de ellos, porque no pueden darse el lujo de que los conciudadanos se manifiesten en contra de todo lo negativo que puede hacer un servidor público.
Aunque ese es otro tema que más adelante vamos a desmenuzar punto por punto, y prometemos que hablaremos de los pros y los contras de esta nueva ley que entra en vigor en unos dos meses.
¿Por qué decimos en el párrafo anterior que hoy en día no existe tal atentado a la libertad de expresión? Es sencillo: las leyes protegen y siempre han garantizado el derecho de toda persona a elevar una instancia judicial en cualquier caso donde su nombre o dignidad se sienta mancillado, a pesar de que pocas veces se hacía uso de este recurso por considerarlo una pérdida de tiempo.
O quizás por el famoso “te voy a ignorar y ya”.
Como hemos escrito en columnas anteriores, la reputación es algo que cuesta mucho levantar y mantener para que cualquiera la tire por el suelo, la pisotee y luego, con una disculpa que ni siquiera tiene que ser sincera, resuelva el problema en los tribunales.
Salían del despacho del fiscal y todos seguían con su vida.
Gracias a Dios, eso ha ido desapareciendo.
La línea invisible existe para todo aquel que desconoce o alega desconocer las leyes.
El profesional mínimamente preparado, surgido de las diferentes escuelas de comunicación, conoce la diferencia que existe entre una y otra, porque la responsabilidad de expresar pensamientos e ideas no es solamente una exigencia para quien hace uso de los medios; es también un derecho universal que todos tenemos para salvaguardar nuestro nombre, con todo lo que eso implica, para bien o para mal, porque es lo más importante que poseemos y debemos defender hasta la muerte.
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