La fiscal general de Nueva York reemplaza al fiscal local en un caso que sacude a la élite universitaria
La gobernadora Kathy Hochul nombró a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para investigar una presunta violación grupal en la fraternidad Chi Phi de la Universidad Cornell en 2024. La designación ocurre tras apartar al fiscal del condado de Tompkins por dudas sobre la investigación inicial, en un caso que expone tensiones sobre justicia y privilegio en el ámbito universitario.
El caso se remonta al 19 de octubre de 2024, cuando una estudiante de 20 años, identificada como Jane Doe, denunció haber sido drogada y violada en grupo en la fraternidad Chi Phi. En entrevistas con la Policía de Cornell en noviembre de ese año, la joven dijo haber sido ‘golpeada físicamente’ y ‘violada’, y afirmó que podía decir ‘con seguridad al 100 %’ que había sido violada, aunque reconoció no recordar partes de la noche debido al consumo de alcohol y drogas.
La gobernadora Hochul retiró el caso al fiscal Matthew Van Houten tras recibir nueva información que generó ‘serias preguntas’ sobre la investigación policial y la decisión inicial de no presentar cargos. Van Houten dijo a CBS que nunca vio la transcripción de las entrevistas y que, si esa información fue omitida, debe ser examinada ‘por completo’ por alguien externo a la universidad. Esta semana decidió reabrir la investigación.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, tiene autoridad para investigar, presentar cargos y llevar pruebas ante un gran jurado. Es conocida por su enfrentamiento judicial con Donald Trump: en 2022 lo demandó por fraude financiero, lo que llevó a una sanción de unos 454 millones de dólares que Trump ha recurrido y calificado como políticamente motivada.
La universidad realizó una investigación interna que resultó en la expulsión de dos estudiantes, sanciones a otros y el cierre de la fraternidad Chi Phi en el campus. La denunciante presentó el 18 de septiembre una demanda civil contra Cornell y siete presuntos agresores, alegando que la universidad no actuó adecuadamente y que tuvo que abandonar sus estudios sin recuperar el dinero de la matrícula. El caso ha generado debate nacional sobre la respuesta de las universidades a las denuncias de violencia sexual.
