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Ley 10-07 no es escudo para ocultar auditorías, advierte jurista; transparencia es tendencia global

Ley 10-07 no es escudo para ocultar auditorías, advierte jurista; transparencia es tendencia globalLey 10-07 no es escudo para ocultar auditorías, advierte jurista; transparencia es tendencia global

Experta: reserva de informes debe ser excepcional, no discrecional en RD

La abogada Yulibelys Wandelpool advirtió que el Poder Ejecutivo no puede usar la Ley 10-07 para ocultar auditorías de la Contraloría, un debate que cobra relevancia nacional e internacional en torno a la transparencia gubernamental.

La abogada especialista en derecho administrativo, Yulibelys Wandelpool, advirtió que la falta de un mandato expreso de publicación automática en la Ley 10-07 no otorga al Poder Ejecutivo la facultad de decidir de forma discrecional qué informes de la Contraloría General de la República conoce la ciudadanía. Este criterio se alinea con estándares internacionales de gobierno abierto que República Dominicana ha suscrito.

El pronunciamiento responde al argumento institucional de que la ley no obliga a difundir las auditorías y de que se debe esperar una oficialización gubernamental. Wandelpool, experta en compras públicas y derecho laboral, recordó que la normativa estipula la remisión de informes al Ejecutivo y a los órganos competentes como parte del control interno, lo cual no constituye autorización para mantener datos bajo reserva indefinida.

La jurista enfatizó que el marco legal vigente, incluida la Constitución y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, establece que las instituciones deben entregar documentos bajo su control. Este debate refleja una tendencia regional donde la ciudadanía y organismos internacionales exigen mayor rendición de cuentas, especialmente en contextos de diáspora que siguen de cerca la gobernanza dominicana.

Wandelpool señaló que la reserva de información debe ser excepcional, aplicarse caso por caso y estar respaldada por una causa legal concreta, como investigaciones en curso. Recalcó que la administración pública debe justificar legalmente cualquier negativa a entregar auditorías definitivas, y no condicionar la transparencia a la voluntad gubernamental o conveniencia política, un principio clave para fortalecer la institucionalizad democrática.

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