El caso contra los hermanos Espaillat avanza mientras familiares piden recalificación
La diputada Lidia Pérez, hermana del fallecido merenguero Rubby Pérez, declaró este lunes que los reclamos de justicia por la tragedia en la discoteca Jet Set no podrán ser silenciados, antes de la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat sigue su curso.
La diputada Lidia Pérez, hermana del fallecido merenguero Rubby Pérez, aseguró este lunes que los reclamos de justicia por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set no podrán ser silenciados, al referirse al proceso judicial que se sigue contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
Previo al inicio de la audiencia pautada para las 10:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Pérez manifestó que familiares de víctimas y sobrevivientes continuarán reclamando sanciones acordes con la magnitud de los hechos. «No hay forma de callar algo que ha repercutido tanto en la sociedad dominicana», expresó.
La legisladora sostuvo que el dolor provocado por la tragedia sigue presente entre los familiares de las víctimas. «Hay madres que lloran justicia. Hay niños que lloran justicia. Hay hermanos que lloran justicia. La tierra llora justicia. La sociedad llora justicia. Entonces, todos los intentos de querernos callar serán infructuosos», afirmó.
Pérez también dijo confiar en que el caso será enviado a juicio de fondo, aunque insistió en que los querellantes continuarán impulsando acciones legales para que se modifique la calificación jurídica del expediente. «Independiente a que vayamos o no a juicio de fondo, nada nos detendrá y estaremos prestos para agotar todos los recursos para que haya una justicia acorde a los hechos», aseveró.
Las declaraciones de la diputada se producen en momentos en que familiares de víctimas, sobrevivientes y representantes del Movimiento Justicia Jet Set mantienen su solicitud de que el caso sea recalificado de homicidio involuntario a homicidio voluntario con dolo eventual. Según sostienen, los imputados habrían tenido conocimiento de los riesgos estructurales que afectan el establecimiento y, aún así, continuaron operando. El juez Raymundo Mejía Zorrilla tiene a su cargo decidir si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat o emitir un auto de no ha lugar. Actualmente, el Ministerio Público mantiene la acusación por homicidio involuntario y heridas involuntarias, mientras varios querellantes solicitan que los hechos sean conocidos bajo la figura de homicidio voluntario con dolo eventual.
