Fiscalía de Massachusetts documenta un siglo de abusos y omisiones en tres diócesis católicas
Una investigación de la Fiscalía general de Massachusetts, dada a conocer este miércoles, reveló que más de 270 clérigos católicos abusaron de cerca de 1,000 niños a lo largo de un siglo en las diócesis de Fall River, Springfield y Worcester. El informe de 191 páginas detalla fallos institucionales y la falta de acción ante las denuncias.
La investigación, que comenzó en 2019, revisó más de 300,000 páginas de documentos y entrevistó a más de 100 personas, incluidas supervivientes, defensores, abogados, miembros del clero, personal diocesano y expertos en derecho canónico y abuso infantil. Los hallazgos revelan que los líderes diocesanos no actuaron ante las denuncias ni notificaron a la policía, y en su lugar trasladaron a sacerdotes acusados sin explicar la razón y reintegraron a otros tras tratamiento sin supervisión adecuada.
El informe destaca que en las décadas de 1960 y 1970 los sacerdotes gozaban de mucha confianza y respeto en sus comunidades, lo que les facilitó el acceso a las víctimas. La Fiscalía no presentó cargos debido al plazo de prescripción y a que la mayoría de los casos ocurrieron antes de las reformas legales de 2002, que tipificaron como delito la exposición de menores a situaciones de peligro por negligencia grave y obligaron a denunciar el abuso infantil.
La fiscal general, Andrea Campbell, quien reveló ser superviviente de abuso infantil, dijo durante la conferencia de prensa que la investigación no buscaba demonizar una fe, sino buscar justicia. Campbell citó los casos de dos sacerdotes de una iglesia en Springfield que a principios de este mes fueron suspendidos tras recibirse denuncias por separado de conducta inapropiada, lo que sugiere que los abusos han continuado después de 2002.
El informe reconoce que desde 2002 las diócesis investigadas han implementado reformas que mejoraron significativamente su respuesta ante los abusos y la notificación de estos. Sin embargo, encontró fallas persistentes: no existe supervisión independiente por parte del obispo de los protocolos eclesiásticos, la falta de independencia y autoridad de las juntas de revisión obstaculiza la reforma, y hay deficiencias en capacitación, investigación de denuncias, mantenimiento de registros y auditorías en las tres diócesis.
