A propósito del debate en torno al proyecto Romero , se destaca la necesidad de elevar el debate sobre el futuro de la minería a nivel nacional.
Preocupa que no se haya completado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incluyendo su evaluación social, lo que genera incertidumbre jurídica, afectando tanto la percepción internacional, como el potencial de inversión.
Considerando además que la demanda de minerales clave se proyecta al alza hacia 2030, y nuestro potencial geológico disponible, se refuerza la importancia de avanzar bajo marcos claros, rigurosos y alineados con el debido proceso.
El desarrollo minero dominicano puede avanzar de manera compatible con la conservación ambiental, en el marco de regulaciones claras y sólidas.
Evitemos seguir en el derrotero del populismo ambiental extremo.
Para ello, resulta fundamental consensuar una reforma integral que establezca una política minera sustentable de largo plazo, con objetivos, visión y hoja de ruta definidos, así como la actualización del marco regulatorio.
Aunque cada proyecto cuenta con particularidades técnicas, ambientales, económicas y sociales, plantearemos lineamientos generales aplicados a la etapa de estudio que promuevan un diálogo constructivo entre los distintos actores.
La movilización comunitaria, frecuentemente, suele originarse en percepciones de riesgos y en el temor a no contar con mecanismos adecuados de protección.
En este contexto, resulta recomendable promover jornadas educativas dirigidas a comunidades y líderes locales sobre el propósito y alcance de los estudios de impacto ambiental.
La obtención de la licencia social para operar es innegociable para la viabilidad de los proyectos y debe construirse mediante procesos de consulta adecuados, liderados por las autoridades competentes.
Se propone desarrollar una base de conocimiento integrada e interdisciplinaria, basada en la identificación de los actores y comunidades de interés en distintos niveles, incorporando sus contextos sociales, ambientales y económicos para orientar las iniciativas de desarrollo.
Igualmente, promover espacios de participación comunitaria donde se presenten los proyectos de manera transparente, incluyendo sus fases, impactos y medidas de mitigación.
Deberán atenderse las inquietudes a través de canales formales y asegurar una gestión responsable de recursos hídricos.
La relación de las comunidades con el Estado y las empresas no debe ser transaccional, más bien, debe ser construida en la base de la confianza y colaboración.
Esto facilitará una consulta comunitaria exitosa, la cual minimice el riesgo de movilización social, y siente las bases para los beneficios esperados por las comunidades.
Para robustecer el consentimiento comunitario libre e informado, sugerimos que el Estado contrate un Panel Técnico Independiente de Revisores (ITRB, por sus siglas en inglés) que reporte directamente a las comunidades, y cuyo alcance consistirá en la revisión de la documentación técnica, incluido el estudio de impacto ambiental (EIA).
Entregarán públicamente sus recomendaciones sobre el proyecto.
Esto sentaría un precedente a nivel global de buenas prácticas gubernamentales, y generaría un entendimiento claro de las implicaciones e impactos del proyecto.
Se propone establecer planes de monitoreo ambiental conjunto de gobierno, minera y comunidad, incorporando plataformas en línea de acceso público como parte de las iniciativas de minería 4.0.
Se recomienda definir claramente los requerimientos e indicadores del proyecto en aspectos clave como gestión hídrica, calidad del aire y cambio climático; así como los mecanismos de monitoreo y fiscalización, la planificación de respuestas ante emergencias a nivel local y municipal, la realización de simulacros, las garantías ambientales y económicas, el plan de cierre y los requisitos documentales correspondientes, incluyendo las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Se propone definir un esquema integral de compensación minera, incluyendo sus componentes y mecanismos de distribución, validado a través de espacios de diálogo con las comunidades y comunicado de manera transparente a la ciudadanía.
Se sugiere identificar tempranamente proyectos de desarrollo regional y local a ser financiados con estos recursos, mediante procesos participativos.
Finalmente, se enfatiza la importancia de adoptar estándares internacionales en la gobernanza de relaves y gestión de recursos hídricos, para asegurar las mejores prácticas.
Se espera que la adopción de estas iniciativas contribuya a fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la responsabilidad que demanda la minería moderna, promoviendo un desarrollo en el que la licencia social y ambiental tengan el mismo peso.
Orientemos el diálogo hacia enfoques constructivos, basados en el conocimiento técnico, el respeto al marco normativo, a las comunidades y al debido proceso.
Llegó el momento de ponernos de acuerdo.
El contenido de este artículo representa íntegramente la visión personal de la autora.
La autora es ingeniera civil, especialista en gerencia y desarrollo de proyectos, ingeniería geotécnica, gobernanza e ingeniería de relaves.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria minera nacional e internacional.
Residente en Vancouver, Canadá.
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