Caso evidencia aplicación de Ley 74-25 y protocolos de atención a víctimas de violencia sexual
La justicia dominicana impuso tres meses de prisión preventiva a Hansel Medina, imputado de violar sexualmente a una mujer de 84 años y sustraerle dinero en Barahona. La medida, solicitada por el Ministerio Público, refleja la respuesta del sistema judicial ante delitos de violencia sexual y robo agravado contra personas adultas mayores.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona acogió la solicitud del Ministerio Público y envió a prisión a Hansel Medina, tras establecer que existe riesgo de fuga sustentado en diversas evidencias que lo vinculan a los hechos. La fiscal investigadora Vilmania Pérez de los Santos señaló que los delitos fueron tipificados provisionalmente como violación sexual, amenaza y robo, conforme a los artículos 135, 137 y 224 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 74-25.
De acuerdo con la denuncia presentada el 3 de septiembre ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Barahona, los hechos ocurrieron mientras el imputado realizaba trabajos de construcción de un pozo séptico en la vivienda de la víctima. Medina ingresó por una ventana, violó a la señora e intentó asfixiarla con una almohada, profiriendo amenazas de muerte con un machete si gritaba.
La solicitud de coerción fue presentada por la procuradora fiscal Claudia Eneroliza Féliz y el aspirante a fiscalizador Luis Daniel Pérez. La jueza María Consuelo Valenzuela ordenó el cumplimiento de la prisión en la cárcel pública de Barahona. Contra Medina se ejecutó la orden de arresto y conducencia No. 2026-AJ0076934, del 4 de septiembre de 2026, que validó la legalidad de su detención.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales para sustentar la prisión preventiva como la medida más idónea para garantizar la presencia del imputado en el proceso. El caso se enmarca en los esfuerzos del sistema judicial por sancionar la violencia sexual y el robo agravado, delitos que afectan especialmente a poblaciones vulnerables como las personas adultas mayores.
