El 65.5% de muertes viales involucran motos; propuesta incluye registro único y tecnología.
República Dominicana enfrenta un dilema nacional: cómo ordenar un sector que representa el 57.9% del parque vesicular y es vital para la economía, sin caer en la prohibición. La experiencia de Ruanda, con taxímetros inteligentes y cooperativas, abre el debate.
Con 6.64 millones de vehículos registrados en 2025, de los cuales 3.85 millones son motocicletas, el país se ubica en una encrucijada de movilidad. El 65.5% de las muertes por accidentes de tránsito en 2024 involucra motos, una crisis que exige respuestas estructurales, no solo campañas de concienciación.
La informalidad y la impunidad en el sector han creado una ‘ley propia’ que pone en riesgo a conductores y peatones. Pero la solución no es eliminar un servicio que emplea a miles de mensajeros, repartidores y motoconchistas, esenciales en ciudades congestionadas y en la diáspora que envía remesas para mantener a sus familias.
El modelo de Kigali, Ruanda, es citado como referencia: cooperativas registradas, seguros, identificación, controles policiales y taxímetros inteligentes. Adaptarlo a RD implicaría un Registro Nacional Único de Motociclistas Comerciales, con requisitos migratorios legales para extranjeros, y la creación de empresas formales por zonas.
La tecnología sería clave: GPS, aplicaciones de despacho y cámaras para identificar infractores. Además, las plataformas de delivery y empresas que contratan mensajeros deberían asumir responsabilidad, evitando trabajar con conductores sin licencia o seguro. El Banco Mundial respalda estas medidas para profesionalizar el sector.
El reto es político y social: aplicar la ley con firmeza, sin privilegios, y ofrecer un período de regularización accesible. La pregunta es si el país está listo para dejar atrás la informalidad y adoptar un modelo que combine seguridad y desarrollo, como ya lo hacen otras naciones. La respuesta definirá el futuro de la movilidad dominicana.
