A pesar de la ley 311-14, el incumplimiento es generalizado. La transparencia, clave para la democracia.
Santo Domingo, RD. – A más de una década de la promulgación de la ley 311-14, que crea el sistema de declaraciones juradas de patrimonio, su aplicación sigue siendo deficiente en todo el país, lo que plantea interrogantes sobre la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad democrática.
La ley 311-14, promulgada el 11 de agosto de 2014, fue diseñada para instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, jerarquizar la autoridad responsable y proveer herramientas normativas a los órganos de control. Sin embargo, a nivel nacional, el cumplimiento es parcial y las sanciones por violarla son prácticamente nulas, un fenómeno que también se observa en otros países de América Latina y el Caribe, donde la corrupción sigue siendo un desafío sistémico.
La transparencia no es solo un deber legal, sino un pilar de la confianza ciudadana. Como afirmó Jean-Jacques Rousseau: “La honestidad responde preguntas; la transparencia las evita”. En un contexto global donde la ciudadanía exige mayor apertura gubernamental, la República Dominicana aún enfrenta el reto de pasar de la retórica a la acción, especialmente en un año electoral y con la diáspora observando de cerca la gestión de los recursos públicos.
La administración transparente, basada en los principios de Fayol –planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar–, es viable y necesaria. Facilita el trabajo de auditoría, ya que las evidencias documentales respaldan las transacciones y permiten a los auditores verificar la razonabilidad de la información financiera. Este enfoque es clave para que organismos internacionales y socios comerciales vean al país como un destino confiable para la inversión extranjera.
Un hito en este camino fue la entrega del módulo de Transparencia Documental (Transdoc) a la Cámara de Cuentas el 12 de mayo de 2010, en un acto encabezado por Pablo Del Rosario y Laura Ureña, coordinadora del Sigob. Esta herramienta, pionera en su momento, sentó las bases para la digitalización de los procesos, pero su impacto ha sido limitado sin una voluntad política firme.
La pregunta que surge es si la nueva administración, que asumirá en agosto, priorizará la transparencia como eje de su gestión. La comunidad internacional y los dominicanos en el exterior esperan que la ley 311-14 no sea letra muerta, sino un instrumento real para prevenir la corrupción y fortalecer la democracia en el país.
