En la República Dominicana, el llamado motoconcho constituye desde hace décadas un importante medio de transporte para miles de ciudadanos, debido a su rapidez, facilidad de acceso y capacidad para llegar a zonas donde otros servicios de transporte resultan insuficientes. Sin embargo, esta realidad también ha generado serios problemas de seguridad vial, especialmente por la conducción imprudente, la falta de documentación en determinados casos, el incumplimiento de las normas de tránsito y el elevado riesgo de accidentes.
A esta situación se suma el creciente uso de motocicletas en servicios de mensajería, entrega a domicilio y otras actividades comerciales, lo que ha incrementado considerablemente su presencia en las vías públicas. Paralelamente, han surgido nuevas modalidades de movilidad, como las motonetas o “pasolas”, patinetas eléctricas y otros vehículos pequeños que, aunque facilitan el desplazamiento, también plantean nuevos desafíos de regulación y seguridad.
La situación resulta aún más preocupante cuando estos vehículos son utilizados por menores de edad, cuando circulan sin las debidas condiciones de seguridad o cuando son alquilados sin verificar adecuadamente la edad, identidad o autorización del usuario. En algunos sectores también han surgido actividades informales de alquiler que pueden facilitar el acceso de personas sin la preparación o condiciones necesarias para conducir.
El problema, por tanto, no radica únicamente en el vehículo utilizado, sino en las condiciones bajo las cuales se conduce, en la responsabilidad de quienes los alquilan o facilitan y en la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las normas.
En la República Dominicana, tres pilares fundamentales en la gestión del tránsito, la movilidad y la seguridad vial, con funciones complementarias y coordinadas bajo la Ley 63-17, son los siguientes:
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT, La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESET), y los Ayuntamientos. El primero de ellos como organismo rector del sistema nacional de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, encargado de la planificación, regulación y coordinación de las políticas del sector, el segundo, como dependencia de la Policía Nacional, tiene a su cargo la fiscalización, vigilancia y control del tránsito en las vías públicas, así como la actuación frente a las infracciones, y por último, los Ayuntamientos, conforme a sus competencias legales y a la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que tienen la obligación intervenir en el ordenamiento del tránsito y en determinados aspectos del transporte público urbano dentro de sus respectivas jurisdicciones.
El marco institucional demuestra que la solución de esta problemática requiere necesariamente una coordinación conjunta, de manera que la regulación,
fiscalización y ordenamiento del tránsito respondan a las nuevas realidades de la movilidad.
Una problemática que exige atención
El crecimiento del Motoconcho y de las nuevas modalidades de transporte constituye una realidad que no puede ser ignorada. Estos medios cumplen una función importante en la vida cotidiana y en la economía de muchas familias, pero su utilización debe desarrollarse dentro de condiciones de legalidad, responsabilidad y seguridad.
Por ello, resulta necesario fortalecer la educación vial, la fiscalización, la identificación de conductores y vehículos y la supervisión de las actividades de transporte y alquiler, especialmente cuando involucran a menores de edad.
En definitiva, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la necesidad de facilitar la movilidad de la población y la obligación de proteger la vida y la integridad de quienes utilizan las vías públicas. El transporte puede y debe ser un instrumento de solución para la ciudadanía, pero nunca a costa de convertir las calles en espacios de riesgo y desorden.
