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Nacional

MP: prórroga permitirá seguir ampliando la investigación sobre hechos de corrupción en SeNaSa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público afirmó este miércoles que la extensión del plazo de investigación permitirá continuar profundizando las pesquisas sobre el presunto entramado de corrupción que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al tiempo que reiteró que de las investigaciones podrían derivarse nuevas imputaciones y la inclusión de otras personas en el proceso.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, explicó que el órgano acusador continúa avanzando en las líneas de investigación relacionadas con tres estructuras que habrían afectado a SeNaSa, aunque señaló que algunos detalles deben mantenerse bajo reserva para no comprometer las pesquisas.

“Hay interioridades de las líneas de investigación que no podemos compartir para no afectar las mismas, pero estamos avanzando en las tres estructuras que afectaron a SeNaSa”, manifestó Camacho al ser abordado por periodistas a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El representante del Ministerio Público reiteró que el avance de las investigaciones podría conducir a nuevos sometimientos.

“En las tres dimensiones habrá otras imputaciones y habrá otras personas involucradas, pero eso sucederá cuando la investigación cumpla su ciclo”, afirmó.

Camacho sostuvo que la magnitud del caso requiere continuar profundizando las pesquisas para determinar la participación de todas las personas que pudieran estar vinculadas a los hechos investigados.

La solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público estaba prevista para ser conocida este miércoles por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Sin embargo, la audiencia fue aplazada para el próximo 4 de septiembre de 2026 a las 9:00 de la mañana, debido al fallecimiento de un familiar de uno de los abogados de la defensa.

Camacho indicó que el Ministerio Público acudió al tribunal preparado para justificar la extensión del plazo, tomando en cuenta, entre otros factores, la cantidad de operaciones que deben ser analizadas, el número de personas investigadas y la gravedad de los hechos.

El funcionario también señaló que durante uno de los interrogatorios realizados en el marco del proceso, uno de los imputados manifestó que en SeNaSa “la corrupción era la norma”.

Proceso judicial

La investigación se desarrolla a partir de la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló el supuesto entramado de corrupción y posteriormente inició la judicialización de sus presuntos integrantes.

Entre los principales imputados figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplen prisión preventiva.

También son procesados Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen distintas medidas de coerción.

Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó la prisión preventiva de 18 meses.

El Ministerio Público atribuye a los procesados delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Según el órgano acusador, durante las pesquisas se han recabado evidencias de presuntos sobornos a gran escala, adulteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.

El Ministerio Público sostiene que el supuesto esquema de corrupción operaba desde la dirección ejecutiva de SeNaSa, en coordinación con funcionarios de esa ARS y prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados.

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