El caso de Nayely evidencia fallas sistémicas en la respuesta estatal a la violencia machista
El ataque con arma blanca a Nayely Altagracia Capellán, pese a una orden de alejamiento emitida en 2023, reabre el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la impunidad en República Dominicana, un problema que también afecta a la diáspora.
El caso de Nayely Altagracia Capellán, atacada con un cuchillo por su expareja Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas en su vivienda, ha conmocionado al país y puesto en el centro de la discusión la ineficacia de las órdenes de alejamiento. La madre de la víctima, Rosa María Capellán, denunció que la medida emitida en 2023 nunca fue ejecutada: «Nunca salieron a buscarlo. Nunca fue apresado», declaró a Diario Libre.
La familia había acudido a la Fiscalía por maltrato y amenazas, y aunque la orden existía, el agresor continuó en libertad. La madre incluso sugirió, sin pruebas, que la condición de militar del padre del acusado pudo influir en la falta de acción policial. Este patrón de impunidad refleja un problema estructural en la respuesta del Estado dominicano ante la violencia de género, que afecta tanto a las víctimas dentro del país como a las dominicanas en el exterior, que siguen de cerca estos casos.
A pesar de la orden, Nayely retomó la relación, según su madre, porque él prometió cambiar por sus tres hijas, de 10, 7 y 4 años. La pareja convivió hasta hace un mes, cuando ella se separó y se mudó a una vivienda alquilada por su familia. El agresor acudió de madrugada con el pretexto de llevar dinero para alimentos y desayuno, y la atacó delante de las niñas. La hija mayor salió a pedir ayuda a los vecinos, lo que permitió que el atacante huyera.
Nayely fue llevada al Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, donde fue tratada por múltiples heridas y dada de alta. Caraballo Cárdenas se entregó en el destacamento de Las Cabuyas y fue apresado; se ocuparon dos cuchillos, uno con sangre. La Policía investiga el hecho como tentativa de feminicidio, un delito que sigue en aumento en el país y que demanda políticas públicas efectivas más allá de las medidas cautelares.
El caso ha generado reacciones en todo el país y en la diáspora, que clama por justicia y por una reforma profunda en los mecanismos de protección. Organizaciones de mujeres y expertos señalan que la falta de seguimiento y la ausencia de sanciones a los agresores perpetúan el ciclo de violencia, y exigen al Ministerio Público y a la Policía Nacional investigar las fallas en este caso y prevenir nuevas tragedias.
