Audiencia de coerción contra diez imputados se reanudará el miércoles 17 de junio en Santiago
La jueza Yiberty Polanco pospuso para el miércoles 17 de junio a las 10:30 a. m. la medida de coerción contra diez acusados de integrar una red de estafa electrónica, extorsión y lavado de activos que operaba desde Santiago contra ciudadanos estadounidenses.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, a cargo de la jueza Yiberty Polanco, aplazó hasta el miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra diez imputados en la operación XL526. La magistrada explicó que la suspensión se debe a la carga laboral del tribunal, que opera en jornadas matutinas y vespertinas, lo que dificulta la continuidad del proceso junto a otros casos en agenda.
Este aplazamiento se suma a dos suspensiones previas y una interrupción durante la audiencia, prolongando la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Durante la jornada, el órgano acusador concluyó la presentación de su solicitud de coerción, mientras varios abogados de la defensa expusieron sus argumentos y cuestionaron la consistencia de las pruebas presentadas.
El abogado Elvin Domínguez sostuvo que el expediente carece de víctimas plenamente identificadas y aseguró que no existen documentos que permitan individualizar a las personas alegadamente afectadas. “No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”, manifestó. Asimismo, puso en duda parte de las evidencias obtenidas durante allanamientos realizados en 2024, argumentando que algunos elementos habrían sido incorporados nuevamente a la investigación actual.
De su lado, el abogado José Reinoso afirmó que parte de los señalamientos del Ministerio Público se sustentan en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin la presentación de documentos originales que establezcan una relación directa entre los acusados y las presuntas víctimas. “No existe una prueba vinculante que demuestre que alguno de los acusados realizó transferencias o participó directamente en los hechos que se le imputan”, expresó. Reinoso indicó además que varios de los imputados ya declararon ante la jueza y estimó que la audiencia podría concluir el próximo miércoles, tras las réplicas de las partes y la deliberación final del tribunal. Según el Ministerio Público, los acusados integraban una estructura dedicada presuntamente a la estafa electrónica, la extorsión y el lavado de activos, mediante operaciones dirigidas contra ciudadanos estadounidenses. Las investigaciones establecen que la organización operaba desde el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, en Santiago, utilizando herramientas tecnológicas y amenazas para obtener dinero de sus víctimas, y simulaban pertenecer a carteles del narcotráfico para intimidar. Entre los señalados como presuntos cabecillas figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
