Procuradora Reynoso advierte que corrupción es delito autónomo y anuncia persecución penal
El Servicio Nacional de Salud reunió a las principales autoridades de persecución, control y fiscalización de recursos públicos para analizar el nuevo régimen de consecuencias en los servicios de salud. La procuradora Yeni Berenice Reynoso advirtió que el nuevo Código Procesal Penal establece sanciones más severas para actos de corrupción.
El Servicio Nacional de Salud (SNS) celebró este martes la conferencia “Cumplimiento, control, transparencia y régimen de consecuencias en los Servicios de Salud”, con el propósito de fortalecer el cumplimiento normativo, la transparencia y la buena gestión en los centros públicos de salud del país. La actividad congregó a directores regionales de salud, directores de hospitales, administradores y encargados de compras, quienes analizaron los desafíos de la gestión pública sanitaria, especialmente en control interno, prevención de riesgos y uso eficiente de los recursos públicos.
Durante la apertura, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que la transparencia constituye un compromiso ético con la ciudadanía y reafirmó la determinación de continuar fortaleciendo los procesos de rendición de cuentas y eficiencia administrativa. “Una gestión transparente no es solo una obligación legal, sino también un compromiso con cada dominicano que deposita su confianza en las instituciones del Estado”, expresó Landrón.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, abordó las implicaciones del nuevo Código Procesal Penal en el ejercicio de las funciones públicas y explicó que la nueva normativa fortalece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, estableciendo sanciones más severas para los actos de corrupción. Indicó que la legislación considera la corrupción como un delito autónomo y advirtió que cualquier acción u omisión dolosa que afecte el patrimonio público podrá ser perseguida penalmente. Entre las conductas sancionables mencionó el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos, la recepción de equipos defectuosos, la manipulación de precios y el uso indebido de fondos estatales.
Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, destacó que la Ley 47-25 promueve una gestión de compras públicas más estratégica, sostenible y eficiente, y advirtió sobre las consecuencias legales de prácticas como depositar recursos públicos en cuentas personales, modificar partidas presupuestarias sin autorización, cobrar por servicios gratuitos por ley o participar en procesos de contratación con conflictos de interés. El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó los mecanismos de control y fiscalización existentes y exhortó a los centros hospitalarios a evitar adquisiciones fuera de los procedimientos de la Ley 47-25 y a registrar los contratos derivados de compras menores, comparaciones de precios y licitaciones en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría. La jornada concluyó con un espacio de preguntas y respuestas entre los participantes y los expositores.
