Selección del auditor general queda en manos de comisión y el Congreso
La Misión Especial de la OEA para Guatemala advirtió este viernes que la elección del próximo contralor general de cuentas debe basarse en transparencia y méritos, en un contexto de cuestionamientos históricos a las comisiones de postulación.
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala hizo este viernes un llamado a que el proceso de elección del próximo contralor general de cuentas se fundamente en la transparencia y los méritos. La Contraloría General de Cuentas es una institución fundamental para la democracia guatemalteca, encargada de garantizar la rendición de cuentas sobre el presupuesto del Estado.
Tras finalizar su quinta visita oficial al país, la comitiva internacional advirtió sobre la importancia de evaluar a los postulantes con criterios técnicos y sin arbitrariedades. El proceso de selección, que arrancó oficialmente con la apertura de la convocatoria y la recepción de candidaturas, está a cargo de una comisión integrada por 27 representantes académicos y gremiales.
Este órgano colegiado debe formular una nómina final de seis aspirantes que enviará al Congreso para que designe al nuevo jefe de la entidad fiscalizadora antes del próximo 13 de octubre. «La Comisión debe considerar revisar esta regla y establecer que los votos estén acompañados de una motivación breve vinculada con el perfil, la calificación, la honorabilidad, las entrevistas y los impedimentos, especialmente cuando el voto se aparte de los resultados técnicos», señaló la OEA en un comunicado.
La fiscalización de los recursos estatales en Guatemala ha enfrentado cuestionamientos históricos por la cooptación de las comisiones de postulación encargadas de nombrar a los altos funcionarios del sistema judicial y de control. Paralelamente, la OEA constató la crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala, única universidad pública del país, cuya inestabilidad interna impacta al sistema político debido al peso electoral que la ley otorga a la academia dentro de las comisiones postuladoras. «La prolongación de cuestionamientos sobre la legitimidad de sus autoridades afecta a la comunidad universitaria y debilita la confianza en una institución fundamental para la democracia guatemalteca», sentenció la Misión en su informe de cierre.
