Informe del Panel de Expertos revela que la 400 Mawozo y grupos de Bel-Air emplearon proyectiles del desvío detectado en 2024
Un informe del Panel de Expertos de la ONU al Comité del Consejo de Seguridad de Haití confirmó que municiones desviadas de la Policía Nacional dominicana, valoradas en más de 92 millones de pesos, fueron utilizadas por la banda «400 Mawozo» y grupos delictivos en Bel-Air. El caso, que salió a la luz en 2024 con la Operación Pandora, pone en evidencia el flujo de armamento hacia Haití y sus implicaciones regionales.
El Panel de Expertos de la ONU explicó al Comité del Consejo de Seguridad de Haití que durante inspecciones de municiones incautadas en Puerto Príncipe en 2026, se observó que la banda «400 Mawozo» y varios grupos delictivos en Bel-Air utilizaban municiones que coincidían con las que habían desviado de la Policía Nacional dominicana. Esta desviación fue dada a conocer en 2024 luego de que se incautaran en el vecino país varias cajas de munición de calibre 5,56×45 mm (5,000 cartuchos) «en poder de actores no estatales en Mirebalais, en el departamento del Centro».
Luego de esta incautación, los expertos de la ONU informaron a las autoridades de República Dominicana, quienes realizaron un inventario y determinaron que se habían desviado 908,001 unidades. Entre las municiones robadas se estableció que faltaban más de 489,000 cartuchos de calibre 9 mm; 230,000 de 5,56×45 mm; 26,000 de 7,62×39 mm; además de 93,000 cartuchos para escopeta de calibre 12. Los más de 900 mil proyectiles, de acuerdo al Ministerio Público, tienen un valor de 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos.
«Si bien resulta difícil calcular con precisión la cantidad de material que llegó a Haití, algunos expertos en seguridad dominicanos explicaron al Grupo de Expertos que, dado que el mercado de municiones de calibre 5,56×45 mm y 7,62×39 mm en la República Dominicana es bastante limitado, es probable que la mayor parte de este material fuera trasladado a Haití, ya que se trata de los dos calibres principales utilizados por las bandas delictivas», dice el panel en su informe.
En 2024, el Ministerio Público anunció la puesta en marcha de la Operación Pandora para apresar a los vinculados al desvío. Fueron apresados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat; el cabo Juan Luis Díaz Medina; los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez; y la imputada Miguelina Bello Segura, quienes «fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal». Por este caso ha sido condenado Marino Antonio Rodríguez Toribio a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario, se clausuró de manera definitiva la razón social Tactical Accessories RH, S.R.L., representada por el encartado, y se le impuso el pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público, además del decomiso de los bienes incautados. Asimismo, fue condenada a tres años de prisión Miguelina Bello Segura; la sentencia establece la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas, por lo que deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y, durante el período de suspensión, cumplir ciertas condiciones.
