Autoridades imponen medidas coercitivas a implicados en comercio ilícito de armamento de guerra
La Justicia dominicana impuso garantías económicas de hasta RD$4 millones a los propietarios y representantes de armerías arrestados en la Operación Armum, un golpe al tráfico ilícito de armas que involucra a múltiples empresas y que ha puesto en alerta a las autoridades por la magnitud del arsenal incautado: unas 200 armas de fuego y 40,000 municiones.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público y dictó garantías económicas que oscilan entre RD$1 millón y RD$4 millones. El monto más elevado fue para Braulio Veras Rodríguez (RD$4 millones), seguido de Henry Leónidas Tejeda Peralta (RD$3.5 millones) y Alexis Díaz Rodríguez (RD$3 millones). También se impusieron garantías de RD$2 millones a Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena, y de RD$1 millón a Wilmer Brahian Florentino (o Wilmer Brahian Florentino Beltré) y Benito Alfonso Quezada.
Además de las garantías económicas, todos los imputados tienen impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público. La Operación Armum se ejecutó el 1 de septiembre con 18 allanamientos en el Distrito Nacional, Mao (Espaillat), San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este. En los operativos se ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego largas, pistolas y revólveres, 40,000 municiones (muchas sin marcaje), armas de guerra y de uso prohibido, miras telescópicas, miras láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas modificadas o alteradas.
El caso salpica a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel. De acuerdo con el Ministerio Público, las irregularidades incluyen operar sin licencia, hacerlo con licencias vencidas, realizar trabajos de taller sin autorización, intermediar en la comercialización de armas sin licencia y retener ilícitamente armas de fuego de terceros.
En Santo Domingo Este, la Fiscalía de esa jurisdicción investiga conjuntamente el caso y también son investigadas las armerías Los Héctor y Joso EIRL. Allí se impusieron medidas de coerción contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez. Los imputados enfrentan posibles penas de 10 a 20 años de prisión por violar los artículos 66, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
