
Ministerio Público presenta expediente contra militares y empresario; juez aparta a coronel por salud
El juicio preliminar del caso Operación Lobo avanzó este miércoles con la presentación de la acusación del Ministerio Público contra militares y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González por presuntos sobornos en contratos de seguridad. El juez Deybi Timoteo Peguero separó al coronel Elías Caamaño Pérez por problemas de salud.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició la lectura de la acusación del Ministerio Público en el juicio preliminar seguido a varios militares y al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, señalados por presunto pago y recibo de sobornos para gestionar contratos de seguridad en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), las distribuidoras de electricidad e Inapi.
El juez Deybi Timoteo Peguero dispuso la separación del proceso del coronel del Ejército Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Senasa, por problemas de salud. Según el Ministerio Público, el esquema de sobornos asciende a más de 108 millones de pesos y habría operado mediante contratos de servicios de seguridad privada que beneficiaron por más de diez años a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), de Rodríguez González.
La acusación, denominada Operación Lobo por el órgano acusador, imputa cohecho al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; al coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad de Inaipi; al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; al coronel de la Fuerza Aérea Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de EdeNorte; al civil Bolívar Nicolás Fernández, exencargado de esa misma distribuidora; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; y al coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente incluye además al miembro de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez; a Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez. El caso refleja la trama de sobornos en contratos de seguridad que involucra a militares y empresas, y cuya audiencia preliminar continúa.












