Justicia dominicana cierra capítulo de red que sustrajo casi un millón de municiones y las vendió a haitianos
El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a Miguelina Bello Segura a tres años de prisión, con suspensión parcial y arresto domiciliario, por su participación en la red que sustrajo casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional y las vendió clandestinamente a nacionales haitianos. El caso, conocido como Operación Pandora, sigue en juicio de fondo contra varios oficiales.
La condena contra Miguelina Bello Segura, dictada por la jueza Kenya Romero tras homologar un acuerdo con el Ministerio Público, establece que deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y cumplir condiciones como residir en un domicilio fijo, notificar cambios de residencia, abstenerse de viajar al extranjero sin permiso judicial, no portar armas ni abusar del alcohol, y presentarse mensualmente ante el juez. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 5 de noviembre de 2026.
El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando el Ministerio Público imputó a Bello Segura haber vendido clandestinamente a nacionales haitianos municiones de diversos calibres de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Pandora. Esta operación también involucra al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas, y al capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, quienes enfrentan juicio de fondo junto a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A los acusados en juicio de fondo se les varió la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, contrato de fianza e impedimento de salida del país. En septiembre pasado, Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de arresto domiciliario y se clausuró definitivamente la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por el encartado, además de imponérsele una multa de 10 salarios mínimos del sector público y el decomiso de bienes incautados.
El caso refleja la persistencia del tráfico de armas y municiones en la región y la respuesta del sistema judicial dominicano, que ha combinado condenas con acuerdos de colaboración. La Operación Pandora se suma a los esfuerzos por controlar el desvío de material bélico desde instituciones del orden, un fenómeno con implicaciones para la seguridad nacional y las relaciones con Haití.
