1,016 actas y 24 paralizaciones revelan patrón de desvinculaciones tempranas y déficit de seguridad laboral
El Ministerio de Trabajo de República Dominicana desplegó un operativo de 8 días en 101 establecimientos de inversionistas chinos, con un saldo de 1,016 actas y 24 paralizaciones por peligro inminente. El caso expone fallas sistémicas en derechos laborales y plantea interrogantes sobre la inversión extranjera y el cumplimiento normativo.
El ministro Eddy Olivares Ortega presentó los resultados de una inspección masiva en tiendas y plazas comerciales propiedad de inversionistas chinos, que abarcó 101 establecimientos en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís e Higüey. El operativo, realizado en 8 días, generó 1,016 actas y la paralización de 24 empresas por riesgos inminentes para la seguridad de los trabajadores.
Uno de los datos más alarmantes es que 91 empresas desvinculaban a trabajadores antes de los tres meses para evitar derechos de vacaciones y cesantía. Asimismo, 53 no otorgaban descanso semanal, 37 no pagaban horas extraordinarias y 52 no cubrían la bonificación, afectando a cerca de la mitad de los negocios fiscalizados. Estas prácticas sugieren un patrón de precarización laboral en un segmento de la inversión extranjera.
El informe también revela que 33 empresas incumplían las reglas de nacionalización del trabajo, que exigen una proporción equilibrada de empleados dominicanos y extranjeros. En seguridad y salud ocupacional, 53 empresas violentaban el derecho a garantías mínimas, y en 24 se detectaron condiciones de peligro inminente que llevaron a la paralización conforme a la Resolución 04/2007.
Por zonas, San Pedro de Macorís e Higüey concentraron 13 empresas con 168 actas y ocho paralizaciones; los municipios de Santo Domingo Este, Oeste y Norte sumaron 34 empresas, 302 actas y tres paralizaciones; mientras que el Distrito Nacional (avenida Duarte, Villa Consuelo, Villa Francisca y Mejoramiento Social) registró 54 establecimientos, 546 actas y 13 paralizaciones. El total de 974 actas de apercibimiento y 42 de infracción evidencia la magnitud del operativo, que busca sentar precedentes en la fiscalización laboral.
