Mesa técnica del Ministerio Público y Migración revisa datos desde 1990 para eliminar restricciones sin respaldo judicial
Una depuración sin precedentes en los registros migratorios dominicanos ha liberado a 56,140 ciudadanos de impedimentos de salida sin sustento legal. La medida, ordenada por la PGR, busca garantizar el derecho al libre tránsito y corregir décadas de errores administrativos.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) levantar los impedimentos de salida y alertas migratorias a ciudadanos que no cuenten con sustento judicial, en un proceso de depuración de registros acumulados durante décadas. Según el último informe de la DGM citado por la PGR, 56,140 ciudadanos han sido liberados de estas restricciones, lo que les permite viajar al extranjero sin los impedimentos derivados de esos registros.
La revisión es resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y Migración, que examinó datos registrados desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de información sin actualización de oficio. El proceso permitió identificar registros sin respaldo judicial, incluidos casos relacionados con procedimientos ya concluidos y errores administrativos que mantenían restricciones sin una orden de autoridad competente.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, priorizar el levantamiento de tres tipos de registros, aunque no se especificaron en el comunicado. La iniciativa busca corregir irregularidades acumuladas durante años y fortalecer la protección de los derechos fundamentales, particularmente la libertad personal y el libre tránsito, consagrados en los artículos 40 y 46 de la Constitución dominicana.
La depuración se realiza conforme al marco legal aplicable a los impedimentos de salida y a las atribuciones del Ministerio Público. La mesa técnica continuará trabajando hasta completar la revisión de los registros y poner en funcionamiento un nuevo sistema de interoperabilidad para gestionar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigor está prevista para diciembre de 2026, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las instituciones y evitar que permanezcan activas restricciones sin fundamento legal.
