JERUSALÉN.– El portavoz del presidente palestino Mahmud Abás, Nabil Abu Rudeineh, pidió a la comunidad internacional adoptar medidas “serias y concretas” para detener el plan israelí E1, que contempla la construcción de 1.234 viviendas en colonias de Cisjordania ocupada.
Abu Rudeineh advirtió que el proyecto podría dividir el territorio entre el norte y el sur de Cisjordania, además de aislar Jerusalén Este, lo que, según las autoridades palestinas, afectaría las posibilidades de establecer un Estado palestino territorialmente conectado.
En un comunicado difundido por la agencia oficial palestina Wafa, el portavoz reclamó acciones efectivas para presionar a Israel a detener lo que calificó como una agresión, respetar el derecho internacional y cumplir las resoluciones de organismos internacionales.
Palestina reclama medidas concretas
Abu Rudeineh también expresó preocupación por la falta de consecuencias ante las condenas internacionales. A su juicio, esta situación está provocando un deterioro de la confianza en las declaraciones de rechazo que no incluyen medidas punitivas concretas.
El Gobierno israelí anunció una nueva licitación para construir las 1.234 viviendas, como parte del controvertido plan E1. La iniciativa se produce pese al rechazo expresado por varios países y a una apelación judicial presentada contra el proyecto.
Las nuevas viviendas representan casi la mitad de las 3.401 aprobadas hace un año para esta iniciativa, cuya ejecución genera preocupación entre organizaciones que defienden los derechos de las comunidades palestinas.
Organizaciones buscan frenar licitación
Las ONG Ir Amim, Bimkom y Peace Now, que representan a comunidades palestinas y beduinas que podrían ser desalojadas si el proyecto avanza, solicitaron al Tribunal de Distrito de Jerusalén una orden provisional para congelar la primera licitación.
Los demandantes presentaron la apelación en junio y cuestionaron el avance del proyecto mientras permanece pendiente una respuesta del Estado israelí ante la Justicia.
Más de 20 países, entre ellos Francia, Canadá, Italia y Australia, condenaron anteriormente el plan E1 y advirtieron que la iniciativa constituye una violación del derecho internacional y podría incrementar las tensiones y la violencia en la región.
