Dirigente sindical denuncia que el Congreso persiste en una discusión estéril que favorece al empresariado
Santo Domingo – El presidente de la CNUS, Rafael Pepe Abreu, cuestionó hoy la reintroducción de la reforma al Código de Trabajo en el Congreso, señalando que la verdadera intención de sectores empresariales es eliminar la cesantía laboral, una tendencia que preocupa a nivel nacional y regional.
Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), preguntó hoy por qué determinados legisladores insisten en reabrir una iniciativa sobre la cual trabajadores y empleadores mantienen diferencias no superadas. ‘¿Cuál es la urgencia de reintroducir al Congreso Nacional el proyecto de reforma al Código de Trabajo?’, se cuestionó.
Abreu enfatizó que las principales centrales obreras han expresado su desinterés en continuar una discusión ‘estéril’ en la que al empresariado solo le interesa eliminar la cesantía. ‘No fue una petición caprichosa ni una resistencia irracional al cambio’, dijo, y añadió que el punto de conflicto no es la actualización de disposiciones laborales, sino el régimen de cesantía.
El dirigente sindical subrayó que el sector sindical no discute la facultad constitucional del Congreso para legislar, pero cuestionó el uso de la palabra ‘modernización’ como justificación: ‘También se puede legislar hacia atrás’, manifestó. Para Abreu, la modernización verdadera amplía derechos y mejora instituciones, no debilita la protección de quienes dependen de su salario.
En un contexto internacional donde las reformas laborales suelen priorizar la flexibilización, Abreu insistió en que la desigualdad entre empleador y trabajador es estructural: ‘De un lado, el empleador con poder económico y capacidad de decisión y del otro, el trabajador que vive de su salario’. Por ello, llamó al Congreso a reflexionar sobre el verdadero sentido de esta insistencia.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura, en mayo de 2026, una versión de la reforma que mantenía intacta la cesantía, pero Abreu advierte que el debate sigue abierto. La diáspora dominicana y los sectores laborales observan con atención un proceso que podría sentar un precedente en la protección de los derechos de los trabajadores en la región.
