La restricción de derechos constitucionales marca un giro en la lucha contra el crimen en la región
El Gobierno de Perú, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, declaró este viernes emergencia en Lima Metropolitana y la provincia del Callao por 60 días para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida, que ya estaba vigente desde 2024 y se ha ido ampliando progresivamente, fue oficializada mediante decreto supremo y coloca a la Policía Nacional del Perú (PNP) al mando del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Aunque en las calles los ciudadanos apenas notarán cambios, la PNP determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito. El estado de emergencia conlleva la suspensión o restricción de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
La medida dispone que para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. Se declara en sesión permanente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) mientras dure la vigencia del estado de emergencia y se conforma el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
También se incluye la conformación del Comité de Fiscalización, presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, que ejecutará operativos en las zonas donde se haya identificado la trata de personas, comercialización ilegal de drogas, mercado ilegal de armas y equipos móviles de dudosa procedencia, entre otros. Se establecen medidas de control penitenciario, como el apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación exterior o general, y se dispone la toma de pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por parte del Sistema de Inteligencia Nacional.
El Ejecutivo ha encargado a las Fuerzas Armadas la vigilancia y el sostenimiento de las fuerzas integradas en el perímetro de los establecimientos penitenciarios. En el ámbito de soporte y logística, se determinó el empleo de imágenes satelitales facilitadas por la Agencia Espacial del Perú (Conida) para el control de áreas con alta incidencia delictiva y el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas.
