Sin precedentes | Más de RD$4,500 millones fueron sustraídos mediante nóminas públicas adulteradas afectando a cuerpos de seguridad Condena a militares marca un hito en RD Fuente externa Creado: 17.06.2026 | 11:38 Actualizado: 17.06.2026 | 11:38 En: SANTO DOMINGO.- La sentencia que condena a 20 años de prisión a los generales Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, marca un precedente histórico en las filas de los altos mandos militares y policiales de la República Dominicana.
Se trata de la primera vez que oficiales del alto mando son condenados por corrupción administrativa.
Aunque en términos puramente penales se han dictado en el pasado condenas mayores a militares por delitos comunes (como homicidios), en el ámbito de corrupción administrativa, lavado de activos y crimen organizado, esta es la condena más grande y de mayor impacto contra la cúpula militar en la historia republicana.
No se trata de un hecho cualquiera, dado que implica al exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, encontrado culpable de encabezar un entramado mafioso que sustrajo del erario más de cuatro mil 500 millones de pesos para su provecho y de los suyos.
Judicial Silvio Cabrera El dictamen, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, marca un antes y un después por varios factores estructurales: Rango y cantidad de los condenados.
Se ha logrado condenar simultáneamente a 29 personas, incluyendo a la plana mayor de la estructura.
El entramado afectó directamente al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) mediante nóminas públicas adulteradas, donde se retenía hasta el 90% del sueldo nominal de policías y militares subalternos.
El Ministerio Público estimó el fraude en más de RD$4,500 millones.
Las turbinas Anterior a éste, fueron llevados a los tribunales casos de importancia sobre alegadas comisión de actos de corrupción en los mandos militares y policiales, sin ningún tipo de resultados.
El Escándalo de las turbinas de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), un proceso judicial que estalló públicamente entre 2006 y 2007, figura entre otros tantos llevados a los tribunales, que terminaron en el fracaso.
El eje de dicho caso lo fue la sustracción y venta ilegal de componentes militares del Estado dominicano a compradores extranjeros.
Las piezas en cuestión pertenecían a los aviones de combate Cessna A-37B Dragonfly de la Fuerza Aérea.
Bajo la gestión del entonces jefe de la FAD, mayor general Virgilio Sierra Pérez (durante el gobierno de Hipólito Mejía, entre 2002 y 2004), varias turbinas fueron enviadas a los Estados Unidos para fines de reparación técnica.
Sin embargo, en lugar de regresar a los hangares dominicanos, las piezas tomaron rumbos comerciales ilícitos, puesto que fueron vendidas a Colombia por unos 75,000 dólares directos a un intermediario que terminó suministrándolas a la Fuerza Aérea de ese país.
Otras piezas y componentes terminaron retenidas en Miami o vendidos a coleccionistas privados y a un museo de aviación en Nueva York.
Para poder validar y «legalizar» la venta ante la Fuerza Aérea de Colombia, los involucrados llegaron al extremo de entregar el libro récord de las turbinas, un documento oficial y confidencial que representa la «patente» y el historial técnico militar de los equipos en República Dominicana.
Debido a esto, las autoridades tipificaron el hecho en su momento no solo como un robo, sino como una violación institucional gravísima.
La investigación penal fue conducida por el Departamento Anticorrupción del Ministerio Público de la época (Depreco), que sentó sentó en el banquillo de los acusados a militares de altos rangos, como el entonces jefe de la FAD, mayor general Virgilio Sierra Pérez, al al coronel Luís Benito Peralta Vázquez y el empresario Héctor Rafael González.
Sin embargo, todos fueron descargados y los 75 mil dólares así como las turbinas perdidos.
Los Tucano El caso de los aviones Súper Tucano, que funcionó mediante un esquema de peaje o cohecho internacional, consistente en el pago de 3.5 millones de dólares para la adquisición de las aeronaves, ha sido otro de los hechos de corrupción que, hasta la fecha no ha tenido sanción en República Dominicana.
Al igual que los demás citados, este implicó el involucramiento de militares de alto rango y figuras del Congreso Nacional que ni siquiera fueron incluidos en el expediente, a pesar de que fueron señalados en las investigaciones.
En dicho caso se determinó que la empresa brasileña Embraer pagó comisiones ilícitas a altos mandos militares y legisladores para garantizar que el Congreso Nacional aprobara el préstamo de US$93.7 millones destinado a la compra de 8 aviones militares en el año 2008.
En este caso fueron implicados los militares de alto rango, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycorp.
Sin embargo, todos fueron descargados por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sentencia que fue recurrida en apelación por el Ministerio Público.
En apelación, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Primera Sala Penal del Distrito Nacional ordenó la celebración de un nuevo juicio contra los acusados.
El tribunal de alzada decidió anular en todas sus partes la sentencia emitida el 30 de septiembre del año 2022 por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mediante la cual fueron descargados los imputados.
Desde el 2022, el expediente se encuentra prácticamente engavetado, en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, convirtiéndose en uno de los expedientes que más han durado en los tribunales.
Policía Nacional La Policía no ha estado exenta de los escándalos de corrupción que involucran a altos oficiales dominicanos.
Por ejemplo, el caso de la venta de combustibles asignados a esa institución, donde agentes del orden los comercializaron de manera personal, cuyo hecho fue detectado mediante una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, que determinó irregularidades e inobservancias en el suministro de éstos durante período comprendido entre el primero de enero del 2015 al 31 de diciembre de 2017.
Se observó, además, que las órdenes de compra emitidas por la Policía Nacional a favor del proveedor Fuel América Dominicana, involucró un monto de 220 millones 739 mil 721 pesos, sin presentar cantidad de galones comprados, precio y lugar de suministro.
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