Reunión de alto nivel para destrabar el conflicto comercial
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) convocó a los representantes de las principales cadenas de supermercados del país para abordar las tensiones surgidas con el sector industrial en torno a las denominadas «líneas blancas».
El encuentro estuvo presidido por Eddy Alcántara, director ejecutivo de la entidad, quien explicó que el objetivo central es garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger los derechos de los consumidores en un contexto de desacuerdos sobre el registro sanitario y las reglas de etiquetado.
Coordinación interinstitucional para asegurar la calidad
Alcántara informó que el tema también fue tratado con Marco Balaguer, titular de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). Ambas instituciones acordaron manejar el asunto con la seriedad y responsabilidad que amerita, buscando transmitir tranquilidad tanto a productores como a comerciantes.
Como resultado de las verificaciones realizadas, Pro Consumidor ha procedido a retirar del mercado aquellos artículos que incumplen las disposiciones sanitarias o que pudieran representar algún riesgo para la salud de la población dominicana.
Normativa vigente y próximos pasos del diálogo
El funcionario recordó que en 2022 la institución emitió la Resolución 1579-22 sobre Cumplimiento de Etiquetado de Alimentos, que hace obligatoria la norma NORDOM 53 para todos los productos previamente envasados que se comercializan en territorio nacional.
Alcántara adelantó que las conversaciones continuarán en los próximos días con la participación de Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y otras entidades estatales, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y asegurar la inocuidad de los bienes que llegan a los hogares. El titular de Pro Consumidor reiteró el llamado a proveedores, importadores y comerciantes a cumplir estrictamente con las regulaciones, subrayando que estas herramientas son esenciales para proteger el derecho a la salud, a la información veraz y a los intereses económicos de los ciudadanos.
