La moratoria busca depurar 71,000 bancas y sentar precedente regional en fiscalización del sector.
El proyecto de ley de juegos de azar aprobado por la Cámara de Diputados impone una pausa de diez años a nuevas licencias, una medida que coloca a República Dominicana a la vanguardia de la regulación del sector en el Caribe, mientras se ordena el universo existente.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de juegos de azar establece una moratoria de diez años para la apertura de nuevos establecimientos, según el artículo 191. La disposición, que exceptúa solo a los casinos de hoteles y zonas turísticas, responde a un diagnóstico oficial: más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas, una cifra que supera la capacidad de supervisión del Estado.
El considerando segundo del proyecto cita datos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía, evidenciando que el problema no es la falta de reglas, sino la imposibilidad de fiscalizar un universo en expansión descontrolada. La moratoria invierte la secuencia: primero se depura y registra lo existente, luego se discute el crecimiento.
El artículo 192 introduce una amnistía condicionada, con descuentos en deudas de impuestos y tasas hasta diciembre de 2025 para operadores que se regularicen, en coordinación con Hacienda y la DGII. Además, el artículo 190 extiende el plazo de inscripción a las bancas acogidas al Decreto 197-26, del 26 de marzo de 2026, asegurando la continuidad del proceso de regularización.
La excepción turística, limitada a casinos en hoteles de cuatro estrellas o más (artículo 49) y excluidos de las reglas de distancia (artículo 26), busca atraer inversión formal y de alta trazabilidad. Los artículos 180-182 protegen los derechos adquiridos y permiten renovar licencias existentes, dando certidumbre jurídica a los operadores actuales.
La medida, que no afecta títulos vigentes, podría servir de modelo para otros países de la región que enfrentan retos similares en la regulación del juego, mientras la diáspora dominicana observa cómo el país moderniza su marco legal en un sector de alto impacto económico.
