Audiencia maratónica deja el caso en fallo reservado y abre debate sobre legitimación y democracia interna
El Tribunal Superior Electoral (TSE) cerró los debates y dejó para fallo reservado el recurso de Proyecto Visión Nación (PVN) que busca eliminar la personería jurídica y el financiamiento público de 33 partidos y movimientos minoritarios que no alcanzaron el 1% de los votos en 2024. La decisión marcará un precedente sobre el sistema de partidos y la distribución de fondos públicos.
Durante una audiencia maratónica, los abogados de las 33 organizaciones puestas en causa, junto a la Junta Central Electoral (JCE) y los accionantes, expusieron sus argumentos. El TSE había ordenado previamente incorporar a esas organizaciones al proceso. El presidente del tribunal, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, concedió un plazo común de 10 días para depositar escritos justificativos, sin admitir nuevas pretensiones, tras lo cual el expediente pasará a estado de fallo reservado.
La objeción central de los partidos fue la falta de calidad de PVN para accionar, al no tener personería jurídica reconocida por la JCE. La propia JCE solicitó excluir a PVN por carecer de legitimación procesal activa. Los abogados también señalaron que los accionantes no impugnaron oportunamente las decisiones de la JCE que determinaron qué organizaciones conservarían su reconocimiento después de las elecciones de 2024, y que PVN menciona resoluciones con plazos vencidos o afectadas por decisiones del propio TSE.
Uno de los discursos más duros fue el de Juárez Castillo, representante de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), quien atribuyó la acción al resentimiento de José Christopher Ramírez por no haber obtenido el reconocimiento de su organización. Ramírez rechazó las descalificaciones y afirmó que la situación jurídica de PVN sigue judicializada, negando que se haya extinguido definitivamente su posibilidad de actuar. Su abogado alegó que existen procesos pendientes y que no hay sentencia firme que cierre la controversia.
La parte accionaste respondió que su acción cuestiona, entre otras actuaciones, la Resolución 01-2026 de la JCE sobre distribución del financiamiento público, y argumentó que para ciertos efectos jurídicos deben considerarse los votos propios obtenidos por cada organización en su casilla, cuestionando los beneficios de partidos que no alcanzaron el umbral. El caso queda ahora en manos del TSE, en un contexto regional donde varios países debaten la sostenibilidad de los partidos pequeños y el uso de fondos públicos.
