Gobierno prioriza protección de infraestructuras ecológicas estratégicas ante amenazas nacionales e internacionales
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 615-26, firmado este miércoles 2 de septiembre, que eleva a prioridad de seguridad del Estado la prevención del terrorismo medioambiental, con implicaciones para la política ambiental y la cooperación internacional.
El presidente Abinader declaró de alto interés nacional el combate al terrorismo medioambiental, una tendencia global que busca proteger los recursos naturales de ataques deliberados. El decreto, leído por la subconsultora Mairení Rivas Polanco, ordena a múltiples instituciones crear una Política Nacional de Prevención, abarcando desde cuencas y bosques hasta infraestructuras de agua y energía.
Aunque no se crea un nuevo tipo penal, el decreto define el terrorismo medioambiental como actos contra recursos naturales que reúnan los elementos de la Ley 267-08 sobre Terrorismo. Esto posiciona al país en línea con estándares internacionales de seguridad ambiental, un tema creciente en foros globales y que afecta la imagen de la nación ante inversores y organismos multilaterales.
Las infraestructuras estratégicas incluyen presas, acueductos, plantas de tratamiento y redes eléctricas, así como arrecifes de coral y manglares. Para la diáspora dominicana y observadores internacionales, esta medida refleja un compromiso con la sostenibilidad, aunque genera expectativas sobre su implementación efectiva y la coordinación entre el Ministerio Público y las agencias de inteligencia.
El decreto instruye al Comité Nacional Antiterrorista y a la DNI a incorporar estas amenazas en sus planes operativos, lo que indica un enfoque preventivo y de inteligencia. Expertos en seguridad señalan que esta política podría servir de modelo regional, pero advierten que su éxito dependerá de la capacitación técnica y del financiamiento adecuado.
Con la habilitación de plataformas tecnológicas para monitoreo, el Gobierno busca modernizar la vigilancia ambiental. Este paso, junto con la remisión de casos al Ministerio Público, podría fortalecer el estado de derecho y atraer cooperación internacional en materia de protección ecológica.
