
Juristas acusan ‘pena de muerte’ encubierta y manipulación de escenas; caso se suma a tensión regional
La querella depositada por un grupo de abogados contra el director de la Policía Nacional y agentes del Dicrim por muertes en supuestos intercambios de disparos coloca en el centro del debate nacional el uso de la fuerza y la independencia judicial. Los letrados denuncian una ‘sustitución’ del sistema judicial y exigen protocolos en las escenas del crimen.
La acción legal fue presentada en la Fiscalía del Distrito Nacional por los abogados Valentín Medrano, Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez y Manuel Sierra Pérez. La querella va dirigida contra Ernesto Rodríguez, director de la Policía Nacional; Alexander Reyes, comandante del Dicrim; y los agentes Félix Gómez, Domingo Montero y Belén Morel.
Los juristas sostienen que las autoridades han instalado ‘la pena de muerte’ y han provocado una ‘sustitución’ del sistema judicial. ‘En el futuro, y bajo cualquier excusa, ninguna persona va a tener la garantía de su integridad y de su vida en la República Dominicana’, advirtió Medrano. Balcácer agregó que el mayor general Rodríguez García ha inducido a los uniformados a ‘cometer esos homicidios’ y que la Policía no protocoliza las escenas.
El caso más citado es el del 13 de octubre, cuando un video captó a Aneury Santiago Cabrera Estévez, alias ‘Lucifer’, caminando por una calle del Ensanche La Paz, en el Distrito Nacional, y un agente policial le dispara desde una patrulla. Según Balcácer, dos motoristas del Dicrim recogieron los casquillos para borrar huellas. El jurista cuestionó que si hay 200 intercambios de disparos, deberían existir 200 armas en cadena de custodia.
Los abogados exhortaron a los familiares de las víctimas a presentar sus denuncias en la Fiscalía. El 12 de octubre ya habían solicitado a la Procuraduría General de la República una investigación por ‘muertes masivas’ y por el uso de la ‘clave 29’; ante la falta de reacción, formalizaron la querella. El caso aviva el debate sobre el accionar policial y el respeto a los derechos fundamentales en el país.









