Juristas alegan inducción de crímenes de lesa humanidad y piden frenar ejecuciones
La querella contra el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García y oficiales del Dicrim por parte de un grupo de abogados pone en el centro del debate nacional la actuación policial y el respeto a los derechos fundamentales en República Dominicana.
Un grupo de siete abogados, encabezado por Carlos Balcácer y Cándido Simó, interpuso este miércoles una querella contra el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y varios oficiales de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). Los querellantes acusan al funcionario de ‘inducir’ las muertes de más de 200 jóvenes señalados como presuntos delincuentes, y califican los hechos como crímenes de ‘lesa humanidad’.
La acción legal se fundamenta en el párrafo primero del artículo 3 del nuevo Código Penal, que sanciona la inducción al crimen. Balcácer afirmó tener videos y fotografías de oficiales del Dicrim interviniendo en ejecuciones, y advirtió que el proceso no se detendrá. Valentín Medrano, otro de los abogados, sostuvo que buscan garantizar la vida y los derechos de los ciudadanos, y que ‘sin una legislación se ha instaurado la pena de muerte’.
Los juristas hicieron un llamado a los familiares de las víctimas para que presenten sus denuncias ante la Fiscalía del Distrito Nacional, a cargo del fiscal Carlos Vidal. Balcácer explicó que cualquier persona puede constituirse en querellante en casos de violaciones de derechos fundamentales, y adelantó que si la Fiscalía no responde, acudirán directamente a un juez.
El caso plantea un cuestionamiento directo a las prácticas policiales y al sistema de justicia dominicano. Balcácer advirtió que saben ‘sentar funcionarios en tribunales’ y que llevarán el proceso hasta las últimas consecuencias. La querella también involucra a varios oficiales del Dicrim, lo que amplía el escrutinio sobre la institución encargada de la seguridad ciudadana.
